La política minera que diseña el subsecretario Emilio Guiñazú, considera que las empresas mineras que sean autorizadas a utilizar agua, tengan que "devolver" el recurso a la provincia. De esta forma, se dejará establecido que tienen la obligación de restituir a la provincia la misma cantidad del recurso que utilicen en sus faenas. Una especia de "restauración" por el uso de recursos naturales.
En detalle, la política considerará que los proyectos a los que se les autorice el uso del recurso hídrico (sólo en caso que existe la disponibilidad y se cumplan con las normas), tengan que restituir la misma cantidad de agua en alguna zona en que la provincia lo necesite.
En términos prácticos un proyecto que use 150 litros por segundo, por ejemplo, deberá hacerse cargo de obras, procesos -o lo que sea necesario- para conseguir la misma cantidad de agua en zonas donde hoy no es posible contar con ella por diferentes razones.