El servicio eléctrico en Mendoza está siempre observado en cuanto calidad, y en cada audiencia pública en donde se analiza un nuevo aumento tarifario se contempla la necesidad de financiar inversiones necesarias.
El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, admitió la intención de canjear multas por inversiones equivalentes, cuyos convenios con las empresas ayer ya estaban firmándose. Es la variable que el Gobierno quiere refrendar en la próxima audiencia pública a realizarse antes de fin de año con un punto de partida: el importe acumulado desde el bimestre 21 desde que se privatizó el servicio, es decir, a partir de enero de 2019.
"Se están definiendo las obras a encarar dentro de los convenios que se someterán a la audiencia", indicaron fuentes de la Secretaría de Servicios Públicos, que en cuanto a Edemsa abarcaría también el bimestre 22. Es decir, los cargos aplicados por el período agosto 2019-enero del 2020, por alrededor de $121 millones, con lo cual la cifra final a invertir se acerca a los $215 millones si se suman las sanciones a otras distribuidoras zonales.
Con la mira en diciembre
Según explicó Raúl Stasi, gerente general de Edeste S.A. a Sitio Andino, "estamos en tratativas por el equivalente a los bimestres 21, 22 y 23. Hemos presentado una lista de inversiones que consideramos importantes para mejorar el calidad del servicio". Para la firma equivale a suscribir un compromiso de obras por $3,6 millones equivalentes a sanciones acumuladas desde principios de 2019.
Por su parte, a la espera de que se determine la fecha de la convocatoria, desde el área técnico-contable del Epre trabajan a contrarreloj. Es que a los estudios de costos presentados por las empresas para defender un nuevo ajuste del VAD (Valor Agregado de Distribución) que hasta febrero contemplaba un 48% pero puede superar el 60%, se suma la evaluación de las obras a financiarse con las multas acumuladas, para armar una suerte de "hoja de ruta".
"Es la última parte del proceso pensando en que la audiencia será antes de fin de año. Además de evaluarse costos, se contemplan las inversiones prioritarias y a que zonas del Gran Mendoza beneficiarían", señalaron desde el ente. Un indicador es el criterio aplicado hasta ahora para bonificar las sanciones en facturas: se pondera la individualidad, esto es, el impacto de la energía no suministrada a cada usuario, lo que depende de la categoría tarifaria a la que pertenece.
Por ejemplo, un hogar A1-2 recibirá siempre menos proporcionalmente que un gran usuario (industria o comercio). Esa relación se tiene en cuenta parcialmente a la hora de definir las inversiones.
En tal sentido, por ser la mayor concesionaria provincial, en Edemsa recaen la mayor parte de los compromisos para el canje, con algo más de $200 millones en total hasta ahora. Por un lado, $80 millones correspondientes al primer semestre del 2019, que se suman a la segunda mitad del año pasado, cuando de acuerdo al Epre superó los $121 millones.
Hay que sumar otro importe. Es que la titular del Epre, Andrea Molina, mediante 2 resoluciones autorizó a Edemsa a la "acreditación proporcional" a los usuarios ese monto y otros $ 380.136,70 en concepto de sanción por "apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto Técnico - Individual", también correspondientes al 22º Semestre de Control-Etapa II". Eso es, al período comprendido del 1 de agosto de 2019 a 31 de enero del 2020.
Antes, a fines de octubre, había hecho lo propio luego de evaluar los resultados del mismo período con Cooperativa Eléctrica Alto Verde. En este caso, resultó en $ 10.887.643,99. Fuente Sitio Andino
