A través de un decreto suscripto este lunes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, resolvió volver a convocar a los miembros del alto tribunal para dictar sentencia en la causa en la que se analizan los alcances de los requisitos constitucionales para convertirse en integrante de la cúpula del Poder Judicial, proceso desencadenado tras la designación de Teresa Day como ministra.
De esta manera se realizó el llamado al "acuerdo para dictar sentencia plenaria" y se fijó el orden para la emisión de los votos. El primero en hacerlo será Dalmiro Garay, el segundo Julio Gómez, el tercero Omar Palermo, el cuarto Pedro Llorente, el quinto José Valerio, la sexta Alejandra Orbelli (jueza civil que reemplaza a Day tras excusarse del proceso) y el séptimo y último será Mario Adaro.
Cada ministro deberá emitir su voto en un plazo de 4 días, esto implica que la sentencia se conocería recién entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, sin una fecha puntual prevista debido a que los ministros no tienen la obligación de agotar el tiempo señalado.
Este es el segundo llamado a dictar sentencia en esta causa, ya que a comienzos de septiembre el presidente del tribunal había lanzado la convocatoria pero días después la dejó sin efecto. El motivo fue que se decidió correr traslado al Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, para que elabore un dictamen y además resolver algunos planteos de recusación, señaló en una nota Sitio Andino.
Finalmente, Gullé presentó si dictamen y tras la dilación se tomó la determinación de volver a fijar los plazos para la votación y tener una sentencia en la causa de importante relevancia institucional.
Ahora, el pleno de la Corte debe responder a la siguiente cuestión: "¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza?".
Esta causa judicial tiene su génesis en el planteo de legisladores de la oposición y organizaciones sociales ante la Corte respecto de que Teresa Day no cumpliría con los requisitos constitucionales para integrar el máximo tribunal provincial debido a que no habría ejercido la abogacía durante 10 años.
Day había sido postulada como ministra por el gobernador Rodolfo Suarez y su pliego fue avalado por el Senado. La abogada juró en el cargo mientras en la Sala II de la Corte se analizaba la presentación en su contra y el proceso terminó decantando en una convocatoria al plenario para resolver la interpretación de los requisitos constitucionales para integrar la cúpula del Poder Judicial.
