Edemsa debe $8.176 millones y le dan facilidades de pago

La principal distribuidora eléctrica de Mendoza mantiene su deuda con Cammensa

Redacción Vía Mendoza

30 de septiembre de 2020,

14:19

Las distribuidoras eléctricas le deben alrededor de $123.000 millones a Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía. En el quinto lugar del ranking de las principales deudoras aparece la mendocina Edemsa, con $8.176 millones.

El congelamiento tarifario provocó que las empresas dejaran de pagar el 100% del costo de la electricidad, por lo que el gobierno nacional tuvo que salir a "salvar" a Cammesa con más de $152.000 millones, lo que implicó un incremento de 157% en comparación con el mismo período del año pasado.

Según publica el diario La Nación, en un nuevo intento para que las distribuidoras eléctricas regularicen las deudas, el Ministerio de Economía propuso en el presupuesto 2021 aplicar una moratoria con facilidades de pago a una tasa de interés por debajo de la de mercado. Con esta medida el Gobierno busca que Cammesa tenga más herramientas para cobrarles a las empresas.

En el artículo 87° del proyecto de presupuesto para el año próximo se impulsa un régimen especial de regularización de las obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras acumuladas al 30 de septiembre, "ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades".

"Los criterios podrán contemplar diferentes alternativas, (...) pudiendo reconocer créditos equivalentes a hasta cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. La deuda remanente deberá ser regularizada mediante un plan de pagos con un plazo de hasta 60 cuotas mensuales, períodos de gracia de hasta seis meses y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista", explicita el proyecto.

Sin embargo en la iniciativa se aclara que la adhesión a la moratoria no es automática: será la Secretaría de Energía la encargada de evaluar la situación económica y social de cada jurisdicción y, por lo tanto, de cada distribuidora.

"El régimen de regularización de obligaciones deberá establecer criterios diferenciados, para lo cual deberá considerar origen y trayectoria de la deuda de cada una de las distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público", dice el proyecto.