El proyecto de ley estipula la creación de una Oficina de Conciliación Laboral en la que 50 abogados oficiarán de mediadores antes de que se judicialice el conflicto entre las partes.
De esta manera, pretenden bajar considerablemente la cantidad y la extensión de los juicios laborales que todos los años se inician en Mendoza.
Pese al voto en contra de uno de los aliados de Cambia Mendoza, hoy el gobierno de Alfredo Cornejo consiguió darle fuerza de ley proyecto enviado a la Legislatura con el objetivo de terminar con "la industria del juicio laboral".
La iniciativa del oficialismo de crear una Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO) no contó con el apoyo del massista Guillermo Pereyra, pero el oficialismo tuvo mayoría gracias a la ausencia de un diputado peronista.
Según datos oficiales, cada año se registran 20.000 juicios laborales, cuya extensión promedio va de 3 a 4 años. La idea es que la conciliación sea una instancia obligatoria en la que tanto el trabajador como el empleador se vean las caras y busquen una resolución al conflicto, con lo que aseguran que procesos que antes llevaban años podrían solucionarse en solo tres meses.
