El gobierno de Alfredo Cornejo busca esmerarse en el tratamiento de los presos en las cárceles mendocinas.
Tanto el Gobernador como sus ministros involucrados en el área, sacan a relucir -cada vez que pueden- los avances en el tema. Y si bien reconocen que “falta mucho”, sacan a relucir el plan de obras diagramado y algunas concreciones.
Por eso resulta lógico que el Ejecutivo accediera al pedido de Los Andes de ver la cárcel "por dentro" para conocer esos avances.
Cabe recordar que Mendoza está supervisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una medida cautelar por la situación en Almafuerte y San Felipe. Lo hizo ante denuncias de que los presos corren “riesgo de vida” por la violencia reinante, el hacinamiento, la falta de atención médica y de salubridad y una alimentación inadecuada, entre otras fallas.
También un hábeas corpus planteado a la Suprema Corte obliga al Ejecutivo a mejorar la calidad de vida de los presos.
Si bien el Gobierno muestra mejoras, las discusiones con los abogados de derechos humanos no cesan. “Les hemos pedido reunirnos en las cárceles para comprobar juntos las malas condiciones”, dicen los letrados. “Que vengan, así ven lo que se está haciendo”, contestan los funcionarios.
