El magistrado ya había rechazado, el 19 de noviembre, una medida cautelar para frenar el primer viaje de ese nuevo trayecto, autorizado por el gobierno de Mauricio Macri mediante el decreto 602/2019, del 30 de agosto pasado.
La causa se inició por una denuncia por el supuesto delito de "traición a la patria" formulada por la abogada Valeria Carreras, quien además representa a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.
Para complementar la causa, la denunciante agregó una nueva documentación: además de la escala programada y autorizada en Córdoba, los aviones de la línea brasileña también pasaban por Chile. “La empresa aérea ofrece una escala nueva internacional fuera de lo autorizado por el Decreto".
El fiscal federal Jorge Di Lello se hizo eco de esa nueva presentación y agregó la gravedad del hecho "en virtud de las consecuencias a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que dichos vuelos ocasionan".
Pero el juez entendió que "no existe una modificación de la ruta autorizada", por cuanto la escala de los vuelos de Lan en Chile "no se realizan en el mismo avión" ni tienen el mismo código que los que provienen de San Pablo con destino final Malvinas.
"No se trata de una modificación de la ruta autorizada sino la oferta de pasajes de diversas rutas del mismo grupo empresario", replicó el magistrado.
Carreras había señalado que ya existía otro trayecto Chile - Río Gallegos - Malvinas.
"La existencia de ese vuelo justifica el rechazo a los pedidos del imperio mediante la misma respuesta que parte de la lógica 'ya hay un vuelo semanal, no hay necesidad para conceder otro'", resumió.
Pero el juez Rodríguez contestó que "no corresponde al Poder Judicial la decisión sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las resoluciones que adopta el Poder Ejecutivo Nacional".
El juez Rodríguez entendió que "excede los límites de este proceso penal si existe o no necesidad para conceder otro vuelo" a Malvinas.
