Enterado de que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales había hecho pública a través de los medios la denuncia penal presentada contra funcionarios de su órbita “por la entrega de tierras a usurpadores” en el territorio jujeño, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se comunicó desde Israel con el mandatario jujeño para garantizarle que se “coordinará institucionalmente las acciones de trabajo junto con la provincia”.
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Domínguez participaba de la última jornada de una gira oficial por aquel país y durante la comunicación aseguró a Morales que “no se intenta, por otra parte, afectar derechos de terceros, la propiedad privada o el derecho provincial”, según revelaron fuentes oficiales.
¿TIERRAS PARA MILITANTES?
El detonante de la presentación judicial efectivizada por el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, ante la Justicia federal fue el acto realizado el pasado 19 de abril cuando 63 familias campesinas de la localidad de Palma Sola -160 km al este de San Salvador de Jujuy- recibieron una certificación como poseedores de territorios para la producción de la agricultura familiar.
La cuestión tiene origen en una ordenanza municipal de Palma Sola sancionada en 2016, que declaró a una zona de su territorio como “Área de Producción Campesina”, lo que dio lugar a un relevamiento impulsado por el municipio local, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Parque Nacional “Calilegua”.
En una conferencia de prensa ofrecida en Buenos Aires, Morales denunció que “tras esta maniobra irregular e ilegal, se repartieron a 63 militantes del Movimiento Evita un total de 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una Reserva Provincial, algo que es inaceptable y muy grave”, subrayó.
Con el mismo tono el Gobernador dijo que en Jujuy “no se avala la usurpación ilegal de tierras” y en cambio se promueve “soluciones habitacionales formales para los jujeños que lo necesiten, en línea con una política de regularidad en el otorgamiento de terrenos, porque respetamos las normas, la transparencia y la equidad”, aseguró.
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“Repensar la territorialidad en el país no puede ser un sinónimo de violentar normas y promover la anomia. Los sectores más postergados que precisan de soluciones habitacionales deben ser tratados con imparcialidad y con justicia”, remarcó a la vez.
