Desde mediados del mes de marzo del año pasado y a partir del aislamiento físico establecido por razones sanitarias se interrumpió el funcionamiento del Sistema Educativo argentino tal como lo conocíamos hasta entonces.
Las sucesivas ampliaciones de la vigencia de estas medidas que el gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaron a los efectos de preservar la salud de las ciudadanas y ciudadanos, único mecanismo efectivo hasta el momento para evitar el desborde de los contagios, fueron alejándonos de la costumbre de las clases presenciales. Luego del primer año haber realizado una experiencia inédita de educación a distancia como mecanismo alternativo para sostener el vínculo no sólo entre docentes y alumnos sino también entre los cuerpos académicos y entre los estudiantes entre sí, resulta evidente la posibilidad y la necesidad de retomar las actividades presenciales.
En este contexto cabe aclarar que la organización del Ministerio de Educación de la Nación contempla dos subsistemas nacionales y federales. Por un lado, el que está a cargo de la Secretaría de Educación y que tiene que ver con los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario no Universitario, los tres primeros de carácter obligatorio para los alumnos tal como lo establece el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional. Por otra parte, el que se regula bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias, que incluye a las Universidades e Institutos Universitarios Nacionales.
Con respecto al primer sistema, el Estado Nacional se reservó el establecimiento de los contenidos básicos comunes, la evaluación de los resultados del sistema educativo, la implementación de programas compensatorios y la capacitación docente, quedando bajo la responsabilidad de cada jurisdicción la operación del sistema y, actualmente, el retorno a la presencialidad.
El caso de las Universidades es completamente diferente. La decisión de las características del retorno a la presencialidad de las actividades académicas la determina cada institución, en el marco de lineamientos generales que propone el Ministerio de Educación de la Nación. Recientemente, el pasado 9 de febrero de 2021, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a todos los Rectores y Rectoras de Universidades e Institutos Universitarios Nacionales de gestión estatal, se manifestó en este sentido a través de una declaración que expresa: “Las universidades públicas garantizan el dictado de clases para el ciclo lectivo 2021, el que se desarrollará de manera mixta y en la medida que las condiciones de salud de la población lo permitan. Se retomará, gradual y progresivamente, el dictado de clases presenciales.”
Evidentemente hubo un aprendizaje por parte de las Rectoras y Rectores que hace un año no actuaron en conjunto ni con la misma decisión que ahora. La disputa que se dio entre el Secretario de Políticas Universitarias y el Ministro de Educación de la Nación por el “dictado remoto de asignaturas universitarias” generó dos resoluciones diferentes, cada una firmada por uno de los dos funcionarios, que indicaban una que no se inicie el dictado de clases virtuales y la otra que si se inicie el dictado de clase virtuales, lo que provocó una violenta reacción entre los Rectores que debían seguir los lineamientos del Secretario por afinidad política partidaria y postergar el inicio de clases hasta junio de 2020, como por ejemplo los de la UBA o de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)que, sin darle importancia a las necesidades de los alumnos, amenazaron y hostigaron por diferentes mecanismos a los Decanos y Decanas que no compartíamos esa postura y veíamos razonable lo dispuesto por el Ministro de Educación de la Nación.
Finalmente, el sentido común prevaleció y esos Rectores tuvieron que aceptar que no se puede sostener dos discursos contrapuestos al mismo tiempo. Su pretensión de quedar del lado de unos cuantos dirigentes de gremios docentes que se negaban a ingresar en la época de la virtualidad y, al mismo tiempo, del lado de la sociedad que reclamaba que al menos se les caiga una idea a los universitarios para enfrentar el aislamiento en materia de educación, se desvaneció en un poco más de un mes y ahora, los mismos Rectores que se oponían, sin dar la cara, a los aprendizajes y evaluaciones remotos son los defensores “de la primera hora” en materia de enseñanza a distancia.
A diferencia de lo que pasó con la secretaria de Educación, la profesora Adriana Puiggrós, quien renunció a su cargo en agosto de 2020 “por diferencias con la gestión del Ministerio”, esta disputa no le costó el cargo al Secretario de Políticas Universitarias.
En este contexto, la experiencia desarrollada durante 2020 por la Facultad de Ingeniería de la UNJu, por ejemplo, resultó útil en varios sentidos. No se perdió un solo día de clases del ciclo lectivo 2020, se completó la totalidad de los aprendizajes teóricos y prácticos que establecen los contenidos mínimos de todas las materias correspondientes a las trece carreras de grado y pregrado que se dicta y se habilitó seis Turnos Ordinarios de Exámenes Finales.
Aprendimos en conjunto estudiantes y docentes a manejarnos sin el contacto presencial durante meses. Esto, luego de siglos de funcionamiento de las Universidades con los alumnos y docentes en sus aulas, fue disruptivo y se debió ajustar aspectos de todo tipo que permiten hoy enfrentar una situación idéntica a la de hace un año con mayor confianza.
En segundo término, a partir del 3 de septiembre de 2020 iniciamos la etapa del regreso a la presencialidad, generando protocolos de bioseguridad con la participación en el diseño y monitoreo de agentes sanitarios profesionales, de manera que parte del personal de apoyo comenzó a cumplir funciones en sus oficinas.
Entre octubre y noviembre de 2020 se realizaron las primeras actividades académicas presenciales con alumnos, que habían sido totalmente interrumpidas en marzo de 2020. La respuesta fue excelente, desde todo punto de vista.
En el futuro inmediato, nuestra Facultad de Ingeniería definió que durante el primer cuatrimestre de 2021 se continúe en la generalidad de los casos proponiendo aprendizajes y evaluaciones virtuales, con la excepción de aquellas actividades prácticas vinculadas con las disciplinas científico-tecnológicas que se dicta y cuya realización virtual resulta imposible, las que serán presenciales garantizando las condiciones de habitabilidad segura que diseña y monitorea un equipo de especialistas y profesionales de la UNJu.
Ahora seguiremos trabajando en incrementar paso a paso la realización de aprendizajes presenciales. Sin embargo, en un contexto sanitario incierto lo más razonable es la planificación a mediano plazo con el esquema virtual, en especial teniendo en cuenta las necesidades de muchos alumnos universitarios que se trasladan en forma transitoria a la ciudad donde cursan pensando en un esquema presencial que, por el momento, no resulta posible ni necesario.
No resulta posible porque a diferencia de lo que ocurre en los niveles Primario y Secundario en las Universidades no hay “cursos” con una cantidad fija de estudiantes. En los primeros años ingresan miles de jóvenes y, por razones de bioseguridad, los aforos de nuestras aulas y laboratorios en pandemia no resultan aptos para recibirlos. Un ejemplo: el Anfiteatro de la Facultad de Ingeniería de la UNJu habilita en condiciones normales a 350 participantes; actualmente y según el protocolo propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación y aceptado por los Rectores y Rectoras, permite una capacidad máxima de 41 alumnos. Es decir, el docente debería dictar en pandemia 9 clases presenciales por cada clase que dictaba hasta 2019.
Y no resulta necesario semejante despropósito porque contamos con mecanismos alternativos de aprendizajes, que sin duda van a ser mejorados a medida que alumnos, autoridades, docentes y no docentes adquiramos y afiancemos las competencias necesarias para manejarnos en la frecuencia que demanda la hora.
Para lograr esto resulta importante, a mi criterio, abrazar la convicción de que la Universidad Pública debe estar también al servicio de la sociedad que la sostiene presupuestariamente y no solamente preocuparse por los intereses de sus funcionarios y empleados docentes y no docentes.
(*) Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.
