Tal como preveía el oficialismo, la Legislatura de Jujuy convirtió en ley el decreto del Poder Ejecutivo provincial que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública. A pedido de la oposición, los agentes que sean inoculados tendrán el beneficio de tomarse dos días, con pleno goce de haberes, para sobrellevar los efectos secundarios que eventualmente pueda provocarles el medicamento.
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“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, reflexionó la diputada radical Lourdes Navarro, a la par de subrayar que “las vacunas que se aplica actualmente han sido todas autorizadas”, buscando así despejar las dudas en torno al medicamento de las distintas marcas que llegan a los vacunatorios habilitados.
Por efecto de la normativa que ahora tiene fuerza de ley, todos los agentes de la administración pública de Jujuy tienen que vacunarse contra la Covid-19. La medida también alcanza a agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presenten servicios.
LA OPINIÓN DE LA OPOSICIÓN
Miembros de la bancada del Frente de Todos-PJ mocionaron la incorporación de un artículo que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, propuesta que fue aprobada por el cuerpo.
Asimismo, la ley que lleva el número 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.
Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.
En el debate, la oposición cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.
En esta línea, la diputada Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, opinó que “el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones”.
“Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo la legisladora justicialista, al tiempo de asegurar que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, advirtió, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.
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Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, y al referir que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición”, hizo su observación de que con la obligatoriedad instituida “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.
En un todo de acuerdo con el texto del decreto original, la ley 6.229 invita a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.
Ante el mínimo síntoma de fiebre, tos, malestar general o dificultades respiratorias, la persona deberá permanecer en su domicilio y consultar con su médico de cabecera, o llamar al 0 800 888 4767 habilitado las 24 horas o al 388-4310494 (COE) de 8:00 a 20:00.
