El abordaje dado por el Ministerio de Trabajo y Empleo a la cuestión de los despidos de los operarios de una planta de fundición ubicada en Palpalá, no satisfizo las expectativas de la diputada provincial Natalia Morales, quien acompañó a los trabajadores "en su pedido de mantener las fuentes laborales y lejos de obtener respuestas, el ministro (Jorge) Cabana Fusz indicó que ya había recibido por parte de la empresa curriculums de los obreros para reubicarlos".
En base a esto la legisladora llegó a la conclusión de que las autoridades del área "ya sabían del cierre y ahora se limitan a transmitir las ofertas de la multinacional".
El lunes último el titular de la cartera laboral había expresado su preocupación por el "cierre intempestivo" de la planta fundidora de Mina El Aguilar, ante lo cual garantizó que "la Provincia defenderá el trabajo jujeño y sus derechos".
"Si bien sé -admitió el Ministro- que (la patronal) venía hablando con algunos trabajadores y con el gremio, nunca se había hablado del cierre de la planta".
"Si es una maniobra cerrar la planta de Palpalá -continuó- y llevar el mineral a fundir a otro lado, nosotros como Provincia nos vamos a oponer porque se estaría atentando contra el trabajo en Jujuy y con el personal especializado con más de veinte años de formación. Nosotros vamos a defender el trabajo jujeño y sus derechos", expresó el funcionario.
Pero la mirada de la diputada Morales es otra: "El Gobierno, que había dicho que no se iba a perder fuentes de trabajo, está permitiendo el cierre de una empresa que en los últimos veinte años se vio beneficiada con exenciones impositivas y teniendo ganancias millonarias" y explicó su afirmación señalando que "el grupo multinacional Glencore opera en el país no solo en la explotación y fundición de minerales, sino que también en el negocio de la soja".
En ese contexto "no se puede permitir que una empresa que en el país tuvo y tiene ganancias millonarias deje en la calle a casi doscientas familias", se quejó la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, para agregar que "el Gobierno provincial y el nacional son del mismo signo político, por lo que de aprobarse el (proceso) preventivo de crisis y permitirse el cierre, van a ser cómplices del desastre social que va a provocar el cierre de la fundición", sentenció.
