Tras la polémica desatada en la Cámara de Diputados por el cambio de voto de cinco radicales, que permitió blindar el veto a la movilidad jubilatoria, en el Senado el bloque de la UCR se despegó del Gobierno y promovió el tratamiento, en la sesión de este jueves, del DNU 656/24, que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para gastos de inteligencia.
El decreto había sido eliminado del temario de la sesión en una reunión de jefes de bloque encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero Unión por la Patria exigía reincorporar el DNU (ya rechazado en Diputados) con el objetivo de voltearlo definitivamente.
Sin embargo, fue el jefe del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, quien propuso sumar el DNU como último punto de la sesión, y la moción fue aprobada a mano alzada. De esta manera, la oposición podría reunir los votos para anular el decreto, que sería el primero en la historia en ser rechazado.
La controversia se generó este miércoles cuando, mientras Diputados trataba el veto a la movilidad jubilatoria, Milei recibía en la Casa Rosada a Villarruel y un grupo de senadores dialoguistas, sobre los que recayeron sospechas.
A Casa de Gobierno fueron el jefe del bloque PRO, Luis Juez; su par de la UCR Eduardo Vischi; Edgardo Kuieder y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) y Beatriz Ávila (Justicia Social), además del presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche.
Tras esa reunión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (también presente) envió una nota a Villarruel en la que le solicitaba que convoque a una sesión secreta con el fin de que el secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen a los senadores sobre el destino de los fondos reservados.
El pedido, con el que el Gobierno buscaba evitar un revés en el Senado, se dio mientras se encuentra en pleno funcionamiento la Bicameral de Inteligencia, presidida por el radical Martín Lousteau, con potestad para controlar el uso que se le da a esos recursos, también en reuniones secretas.
“No estamos de acuerdo con la sesión secreta. Primero por los tiempos que estamos viviendo. El presidente llama diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian su voto en 24 horas. La gente sospecha hechos de corrupción”, advirtió Mayans en el recinto, tras recordar que además las sesiones de ese tipo necesitan el aval de “dos tercios del cuerpo”.
Antes de votar el DNU, se tratará la ley de financiamiento universitario, que la oposición busca sancionar y Milei amenaza con vetar; y la reforma electoral para implementar la boleta única de papel, un proyecto que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados.
La ley de presupuesto universitario (que tiene un costo de 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso) tiene apoyo de Unión por la Patria, la UCR y senadores de fuerzas provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), que este miércoles salió a ratificar su voto a favor.
“Como ya lo expresé, Argentina no merece que se desfinancie la universidad pública. La educación superior significa progreso, representa oportunidades, movilidad social y económica, y contribuye a la igualdad. Acompañaré con mi voto la ley de financiamiento universitario. No se puede perder esta oportunidad”, afirmó Vigo.
En tanto, el proyecto de boleta única será modificado de modo tal de eliminar la opción de “voto por lista completa”, un pedido que hicieron fuerzas provinciales que temen ser perjudicadas con ese casillero porque suelen competir con “boleta corta”, sin adherir a ningún candidato presidencial.
