El Gobierno continúa desarrollando estrategias que le permitan achicar el gasto público. Con esta premisa, se encuentran ultimando los detalles de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se busca incorporar al trabajo formal a unas 150 mil personas que en la actualidad reciben planes sociales. La iniciativa se llamará “Puente al empleo”.
Durante la primera etapa de la implementación, los beneficiarios podrán seguir cobrando la asignación como otras prestaciones durante 12 meses. El empleador deberá pagar lo que reste para llegar al salario de convenio.
El ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra trabaja para firmar acuerdos con pymes y empresas proveedoras de servicios y contratistas del Estado a fin de comenzar a incorporar personal. De hecho, es el propio Massa quien impulsó el decreto, basado en una iniciativa que había presentando en Diputados el año pasado.
El objetivo es que las incorporaciones se den en empresas de hasta 100 empleados, que son el 98 % del total de los empleadores, según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el boletín de seguridad social.
El programa tendrá tres etapas. Luego, se apuntará al refuerzo de herramientas y maquinarias para cooperativas como para alentar al empleo formal.
Los movimientos sociales vienen exigiendo una respuesta para los sectores que están en la indigencia. Por tal motivo, se presentó en Diputados el Salario Básico Universal, mientras tanto, en el Senado el kirchnerismo también impulsó una propuesta de características similares. Con estas bases, el Gobierno estudia un programa de refuerzo de ingreso para los grupos vulnerables.
Cuáles son los objetivos de “Puente al empleo”
“La idea es lograr que en un año unos 150 mil beneficiarios de los planes sean incorporados al mercado de trabajo formal”, indicaron desde el oficialismo. Y agregaron: “Permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal”.
Para ser contemplados en el proyecto, las personas deberán cumplir con una capacitación y los cursos de formación que establezca el empleador, siempre dependiendo del tipo de tarea que se le asigne. Así, podrán mantener de manera temporal por un año la estabilidad del plan, pero transcurrido ese plazo deberá decidir si mantiene la asistencia social u opta por el trabajo formal con obra social, seguro de accidente de trabajo, y todos los beneficios del empleo en blanco.
El año pasado, Massa había presentado en Diputados el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo. A diferencia de este DNU, aquella propuesta también habilitaba a las Provincias, Municipios y organizaciones sociales a tomar al plan como parte del salario y que el trabajador tenga acceso a la obra social, aporte jubilatorio y su seguro (ART).
Estas medidas se suman a la auditoría dispuesta por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien con la colaboración de las universidades pretende chequear 10.000 planes por día. En tanto, el cruzamiento de las bases de datos, para que no haya bajas o errores, estará a cargo de la Anses a través del SIPA.
Por otro lado, a fin de formalizar el resto de los programas, el Gobierno solicitará al Congreso la aprobación del monotributo productivo, una iniciativa que está en tratamiento en Diputados. Con la bancarización, el Ministerio de Economía pretende blanquear esas actividades y así darle un nuevo impacto a todo el sistema. La iniciativa fue presentada en diciembre del año pasado con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ex ministro Martín Guzmán.
