Los números de enero encendieron todas las alarmas en el equipo económico y tras adelantar la segunda etapa de “Precios Justos”, ahora el Gobierno decidió postergar aumentos de tarifas de servicios públicos en el AMBA e implementará un mecanismo para devolver el 10% en las compras de carne, con el objetivo de frenar una inercia inflacionaria que volvió a tomar un cariz peligroso.
El primer dato oficial de la inflación de enero es dramático: la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) en su jurisdicción aumentó 7,3%.
Es el porcentaje más alto desde julio de 2022, cuando había sido de 7,7%, en momentos álgidos ante la sucesión de cambios en el Ministerio de Economía: Martín Guzmán-Silvina Batakis-Sergio Massa.
La variación de precios en la zona metropolitana es entre 1 y 1,5 puntos porcentuales superior al que comunicaron los estudios privados, que habitualmente se nutren de información de esa zona.
De allí que cobra más fuerza la idea de que el IPC a nivel nacional que difunda el martes 14 de febrero el INDEC se ubique cerca del 6%.
Frente a este escenario, es que el Gobierno buscó relanzar “Precios Justos” y al respecto, el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, descartó una supuesta reticencia de las empresas alimenticias a participar del acuerdo, tal como había trascendido.
“El acuerdo está en proceso. Yo no he escuchado objeciones de empresas de COPAL”, sostuvo el directivo a este medio, quien señaló que “puede haber algunos temas a definir como qué productos y los volúmenes a ofrecer, pero en ningún caso el espíritu es no acordar”.
Tras este paso, que redujo los aumentos a 3,2% desde el 4% básicamente en la canasta alimentaria, el Gobierno decidió postergar una parte de la suba tarifaria que estaba programada para este mes.
Si bien se aplicaran ajustes de 29% para los usuarios residenciales y hasta 36% en comercios en industrias, se frenó la quita total de subsidios en energía para los segmentos de más altos ingresos que debía regir desde este mes.
Según Royón, un 33% de los usuarios no habían pedido mantener la ayuda estatal y de ese conjunto se estima que un 24% corresponde a clientes de altos ingresos y que en consecuencia se seguirá trabajando para detectar quienes necesiten el auxilio y no lo han solicitado.
Asimismo, se pasaron a abril y junio los aumentos del costo de distribución en las zonas que operan Edenor y Edesur, que también impactaban en las boletas.
Si bien será un claro beneficio a sectores de alto poder adquisitivo, con esta medida el equipo económico busca amortiguar el porcentaje de aumento de los “precios regulados”, uno de los componentes del IPC. Como contrapartida, habrá una menor disminución de los recursos asignados para subsidios energéticos, lo cual tiene efecto en el déficit primario de las cuentas públicas.
A su vez, cabe mencionar que, en especial sobre el conurbano bonaerense, el Gobierno tiene un particular interés por sostener su imagen y morigerar el mal humor social, ya que es la zona donde cuenta con mayor caudal político.
Como primer paso, el ministro de Economía, Sergio Massa, pretende moderar las expectativas inflacionarias para apuntalar un descenso sostenido, pero el repunte de diciembre 2022 y enero 2023 está haciendo tambalear su estrategia.
El otro frente a atacar y que tiene en vilo al 5° piso del Palacio de Hacienda es el precio de la carne, principalmente porque los aumentos que se dieron en los mercados concentradores aún no llegaron plenamente a los mostradores y, sin embargo, la inflación del mes pasado será del orden de 6%.
Tratando de adelantarse a ese traslado, Economía está diagramando un programa que le permitiría al consumidor recuperar un 10% de su compra en el mostrador si paga con tarjeta de débito, monto que se acreditará directamente en la cuenta del cliente.
El plan se lanzaría esta semana, pero aún quedan algunos aspectos por pulir dada la multiplicidad de variantes que existen en la comercialización minorista.
Para incentivarlos a ingresar al programa –que al mismo tiempo fuerza un blanqueo de ventas- los carniceros tendrían un descuento de 90% en la cuota de autónomos.
A su vez, las a carnicerías tendrían la posibilidad de descontar el 5% de la factura de compra al frigorífico del impuesto a las Ganancias y Bienes Personal, que podrán usar como crédito fiscal.
El programa estaría abierto por 12 meses y tendría un capítulo para productores de hasta 70 cabezas, a quienes el Estado les pagaría el engorde de la mitad del ganado.
