En un hecho inédito, el Tribunal de Cuentas de la Provincia rechazó la ejecución del Presupuesto 2023, el último año de Juan Schiaretti al frente del Ejecutivo cordobés, con la sucesión de Martín Llaryora, actual gobernador.
La decisión del cuerpo que ejerce el control técnico de las cuentas provinciales en manos de la oposicion, es tan inédita como novedosa. El ajustado resultado de las elecciones de junio de 2023, si bien llevó a Llaryora a la Gobernación, no le permitió tener el control de la Legislatura y, peor que eso, dejó al Tribunal de Cuentas bajo el control del juecismo.
En este complejo entramado político, el organismo dirigido por Beltrán Corvalán rechazó el informe que, como todos los años, presentó el Ejecutivo detallando uno a uno los gastos e inversiones que se llevaron adelante en 2023 con los recursos asignados por la Ley de Presupuesto.
El informe, de casi 50 páginas y elaborado por la Secretaría de Fiscalización y por la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas, recomienda a los legisladores, por mayoría, la no aprobación de los números provinciales del año pasado.
POR QUÉ ES UNA DECISIÓN INÉDITA EN CÓRDOBA
Es la primera vez en décadas que ese cuerpo le dice a los legisladores que no aprueben la cuenta de inversión. Aunque también es inédito el hecho de que el organismo de control esté en manos opositoras.
El informe objeta numerosos elementos de la ejecución del Presupuesto 2023. En especial, hace foco en el plan de inversión. Sobre ese tema, el organismo cuestiona que el 49,9% de las inversiones fuera ejecutado por organismos que componen la administración descentralizada, canal que, según el cuerpo, evade instrumentos legales de adjudicación que no fueron sometidos al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
En efecto, la Provincia canaliza gran cantidad de obras a través de Caminos de las Sierras, una sociedad anónima bajo el control del Estado provincial. “En el caso de los aportes de capital que el Gobierno de la Provincia transfiere a Caminos de las Sierras, el Tribunal de Cuentas sólo interviene preventivamente el instrumento legal que lo origina, no teniendo control posterior sobre el destino de los fondos”, dice el informe.
Respecto de las obras a cargo de Caminos y que contrata la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif), el informe del Tribunal de Cuentas hace numerosas objeciones.
QUÉ RESPONDIERON DESDE EL OFICIALISMO
En respuesta al informe, Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, señaló que se trata de un capítulo más de la serie de “obstrucciones” que el gobierno de Martín Llaryora “soporta” desde que asumió. “No nos llama la atención; para nosotros es normal que se opongan a todo lo que nuestro gobierno hace. Es lo que el juecismo viene haciendo desde que asumieron en el Tribunal de Cuentas y en la Legislatura: obstruir”, lamentó.
Tras detallar que “en 2023 la Provincia arrojó un superávit de $ 95.600 millones”, dato que es parte de la cuenta de inversión rechazada por el organismo de control, Siciliano explicó que “en el periodo de 2016 a 2023 la Provincia hizo obras por más de U$S 8.000 millones, cuando la deuda creció U$S 240 millones; es decir, se hicieron trabajos de los que hoy se benefician todos los cordobeses, por U$S 7.700 millones”.
