Por Alejo Gómez.
Córdoba está espantada por el rapto y asesinato de Abril Sosa, la niña de 5 años que desapareció el sábado por la noche en General Bustos y fue hallada este 15 de enero en un baldío en Alta Córdoba.
Delitos abundan en esta provincia, aunque no es habitual (por suerte) que ocurran secuestros y ataques de niños de esta naturaleza.
Por eso el estremecimiento del crimen de Abril inevitablemente recuerda a lo que ocurrió hace casi seis años, en la Semana Santa de 2012, en barrio Ameghino Norte, cuando Rocío Barletta (11) salió a comprar cigarrillos para su papá en el almacén de la vuelta y no volvió.
Horas después, el Viernes Santo (cayó 6 de abril), el cuerpito de la nena fue hallado en orillas del río Suquía, en el paraje conocido como Casa Bamba, camino a La Calera. Tenía quemaduras y marcas de abuso sexual.
A ese lugar se llegó gracias al dato de un vecino que vio a Rocío rumbo al almacén cuando un Fiat Regatta frenó a su lado y el conductor la llamó.
Según el testigo, charlaron un rato y ella, presuntamente engañada, subió de manera voluntaria en el asiento del acompañante.
Con la información de la patente se llegó a Omar Peralta, un joven mecánico domiciliado en barrio Lamadrid, a unas 30 cuadras de la casa de Rocío. En su vivienda y en la ropa de Peralta se hallaron restos de semen y sangre que luego dieron positivo en los informes de ADN.
Pasó de todo durante las casi 24 horas entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo.
Hubo coincidencias con el tratamiento judicial y policial que se le dio al caso de Abril Sosa: primero se investigó (y se acusó) a la familia de la niña, ya que se dijo que el padre de Rocío, Raúl Barletta, estaba metido en negocios "turbios" en su taller mecánico y que le habían raptado a la hija por eso. No fue cierto.
Tampoco habría sido cierta la acusación que este lunes hizo la fiscal Claudia Palacios, y que la prensa de Córdoba copió sin chistar: decía que Abril Sosa había sido atacada como una "vendetta" de narcos contra sus padres.
Fue una cadena de brutalidades: la gente se hizo eco de lo que dijo la prensa, que a su vez lo tomó de la fiscal Palacios, y gran parte de la sociedad culpó y condenó a los padres de la niña muerta.
Algo así pasó en su momento con los Barletta, hasta que se comprobó que había sido un secuestro y asesinato al azar.
Otro punto en común, y que ahora toma fuerza en relación con la muerte de Abril, es la pregunta de por qué estaba libre un hombre con antecedentes sexuales, y quién debía controlar su situación procesal.
A Daniel Ludueña, el detenido por este caso, la fiscal Palacios lo acusó de tener "antecedentes por delitos contra la integridad sexual", aunque no ahondó en detalles.
Respecto de Omar Peralta, la bronca cayó en su momento sobre Eduardo Barrios, un juez de la Cámara Cuarta del Crimen que lo había dejado en libertad cuatro meses antes en una causa por robo.
El juez tuvo la posibilidad de dictarle una pena efectiva por un asalto en Alberdi, pero se inclinó por una condena de ejecución condicional y Peralta volvió a las calles. "El hombre admitió que consumía droga desde los 16 años, y yo vi en él a un joven con posibilidades de recuperarse", se defendió en su momento el juez.
En mayo de 2013, Omar Peralta fue condenado a prisión perpetua por "homicidio criminis causae (para ocultar la violación), secuestro agravado y abuso sexual agravado". Durante el proceso únicamente dijo que aquel día estaba drogado y alcoholizado, y que no recordaba nada.
La misma acusación (homicidio criminis causae) pesa actualmente sobre Ludueña. En caso de comprobarse su culpabilidad, recibirá la pena máxima.
Luna. Más reciente, en julio de 2017, la pequeñísima localidad de Tío Pujio, en el sureste de la provincia, fue escenario del abuso y asesinato de Luna Viera, una niña de 5 años que había salido a comprar caramelos.
La madre, Gabriela Viera, se preocupó porque no volvía y la encontró sin vida, a metros de su casa, al lado de una tapia.
Ese mismo día la Policía detuvo a Mariano Cingolani (30), un hombre que vivía al lado de donde hallaron el cuerpo, porque entró en contradicciones. En principio se barajaron varias hipótesis, desde un accidente doméstico (Cingolani, al ser detenido, dijo que la nena se había subido a una tapia para robar naranjas de un árbol y él accidentalmente la empujó) hasta un homicidio simple.
Finalmente, los estudios forenses concluyeron que la niña había sido abusada y asesinada, y que el ADN de la escena del crimen era compatible con el único detenido.
Ante esto, el fiscal de Villa María René Bossio lo imputó por "homicidio doblemente calificado" por criminis causae y violencia de género, un delito que contempla la única pena de prisión perpetua.
Sin embargo, los estudios psiquiátricos arrojaron que Cingolani no comprende la criminalidad de sus actos, por lo que hasta el momento es inimputable y el fiscal, sin opción, debió mandarlo a un pabellón clínico en Cruz del Eje.
“Marianito”, como le decían los habitantes de esta pequeñísima localidad del departamento San Martín, tiene un retraso mental, algo que confirmó la primera pericia forense.
De todos modos, el fiscal ordenó una segunda pericia psiquiátrica al acusado.
La madre de Luna, Gabriela, exige desde entonces que el acusado sea enviado a una cárcel común. "Te arrebataron la vida, me mataron en vida", despidió a su hija en las redes sociales.
