Para la elaboración de la iniciativa, Díaz contó con el asesoramiento de Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), ente que ya trabajó en propuestas similares en más de 50 localidades de nuestro país.
“La protección integral contra la Violencia de Género por parte del Estado, significa introducir políticas públicas con el objeto de mejorar la inclusión social de las mujeres, y así adecuar nuestra legislación a los compromisos asumidos por el Estado Nacional para erradicar la violencia de género, tal como sucedió con la sanción de la Ley Micaela”, explicó la legisladora.
«No obstante, la inclusión de nuevas políticas, sobre todo si tienen que ver con defensas derechos, implican un proceso que, tal como sucedió con la Ley de Educación Sexual Integral, llevará su tiempo para que se comprenda la necesidad de su aplicación», añadió Díaz.
En sus argumentos, el proyecto señala: “El pedido de que la Provincia no sustancie estos concursos, no es algo caprichoso. Sus antecedentes se encuentran en diferentes normativas nacionales, provinciales y tratados internacionales que promueven la igualdad, equidad y no discriminación hacia las mujeres.
El proyecto también propone que estos tipos de concursos se sustituyan “por el reconocimiento a personas, de distintas edades, que en forma individual o colectiva, se hayan destacado en actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de la provincia en determinado período y promoviendo la difusión de una cultura ciudadana, participativa, solidaria, saludable y comprometida”.
