La erosión hídrica de suelos ubicados en topografías onduladas y sujetos a la agricultura intensiva, como el caso de la provincia de Entre Ríos, tiene un impacto que trasciende a la pérdida de producción y calidad del recurso, generando externalidades a escala de cuenca (inundación, colmatación, pérdida de infraestructura) e incluso de nivel regional (eutroficación y contaminación en grandes ríos), no solucionados con el sólo uso de tecnología de siembra directa.
En estos casos se demuestra que sólo las medidas estructurales para conservación del suelo (terrazas de evacuación) contribuyen a solucionar este impacto negativo. Desde la visión privada, asumir los costos de la sistematización del suelo permiten no sólo incrementar los rendimientos o mejorar la condición del recurso, sino revertir las externalidades negativas anteriormente generadas y proveer nuevos servicios ambientales al territorio (regulación hídrica, secuestro de carbono, biodiversidad). Pero estos servicios ambientales, ahora positivos y visibles para la población urbana o rural, son considerados bienes públicos y los oferentes (productores conservacionistas) no son compensados por los beneficiados.
Aparece aquí la figura del estado provincial aplicando un modelo de desgravación impositiva que intenta resarcir al productor de parte del esfuerzo financiero asumido, reconociendo y valorando los servicios ambientales provistos, aunque los costos de transacción, los plazos y las restricciones presupuestarias minimizan en términos reales esta compensación.
En estudios recientes, se demostró que la inversión en establecer un sistema de terrazas de evacuación (alrededor de 70 U$S/ha), ofrece una adecuada rentabilidad privada para el modelo agrícola en uso. En términos sociales, al incremento de ingresos privados debe sumarse el impacto positivo de los nuevos servicios ambientales ofrecidos. Una aproximación al valor de estos servicios es, entre otros, el costo evitado de dragado y canalización de los excedentes hídricos en las cuencas internas provinciales que alcanzan un valor entre 3 y 7 U$S/ha del territorio de toda una cuenca.
En conclusión, se puede afirmar que, para una correcta y justa valorización de los servicios ecosistémicos, es necesario que en las estrategias de política se asegure el acceso a la información, la transparencia en los mercados y la aplicación de incentivos sostenibles, promoviendo así su conservación y mejora en beneficio del bienestar general.
