Las subas de precios recurrentes, la actualización obligatoria trimestral por IPC del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y el impuesto al dióxido de carbono, aumentan la presión fiscal recaudada con cada carga y es que, en algunos casos, el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos.
Todo esto seguirá agravando la delicada situación de las pymes, erosionando las cadenas de producción y golpeando el poder adquisitivo, y “el bolsillo de la gente”, estos aumentos en la presión tributaria ya no se toleran más y queda de manifiesto cuando se analiza, que incide en cualquiera de los eslabones de la producción y el consumo.
Este nuevo incremento que se manifiesta con $6,40 por cada litro cargado en el tanque representa $19.200 millones de pesos extra para el sector productivo (si fuera anual su incidencia).
Solo tomando este último aumento, el Campo aportará anualmente unos adicionales 9.000 millones de pesos en concepto de impuestos.
De acuerdo al Depto. Económico de CRA, si lo convertimos en maíz, el aumento representa poco más de un millón de toneladas de la presente cosecha y la presión tributaria de ese aumento unas 508.000 toneladas del mismo.
En un escenario de sequía, con una cosecha que no será la esperada; lejos de menguar, la voracidad fiscal del Estado no parece tener límites, esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos de la Argentina, la situación es cada vez más inviable, se desarman los esquemas productivos de alto impacto; y las cadenas del ensamble productivo del país entran en esquemas defensivos para tratar de sobrevivir, y es que el bolsillo es siempre el mismo y ya no da para más.
