Tras aprobarse la nueva ley de alquileres que los eximió del pago de comisiones inmobiliarias, los inquilinos van por más. El martes se presentó al Gobierno porteño una lista de propuestas para bajar los costos de los alquileres, entre las cuales intentaron acercar, sin consenso del resto del sector: cobrarles un impuesto a las viviendas ociosas para fomentar que sus dueños las alquilen.
Esta nueva iniciativa busca cobrarle el impuesto a la vivienda ociosa. Se aplicaría a aquellas propiedades que no están habitadas, que no se destinen a alquileres temporarios para turistas y que estén en condiciones de habitabilidad.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, organización que impulsa la propuesta, dijo: "La vivienda ociosa se chequea a través de los servicios, del nivel de consumo. Cuando se demuestra que la propiedad no está en uso, se le aplica un impuesto que va encareciendo su valor mes a mes". A su vez, el dinero recaudado por ese impuesto se usaría para la construcción de viviendas públicas destinadas a alquiler, y no a venta como pasa con los planes actuales.
Entre las demás propuestas destacaron, la necesidad de crear un Registro Público de contratos de alquiler y el sistema de garantía público, un servicio que se ofrecería a través del Banco Ciudad, en la cual el inquilino haría un depósito y podría presentar el certificado como garantía.
Otro pedido, es que la certificación de firmas sea gratuita. Hoy, por un trámite que cuesta alrededor de 400 pesos a los locatarios terminan abonando cerca de 2000 pesos debido a los costos de gestoría que imponen las inmobiliarias. El trámite se podría empezar a hacer ante funcionarios públicos de la Ciudad, sin costo.
Además, está pendiente la Ley Nacional de Alquileres, que tiene media sanción del Senado y espera aún el tratamiento en Diputados. El punto más importante es el método de indexación que impida que los alquileres se disparen muy por encima de la inflación y la suba de salarios.
