El calendario político y el judicial encuentran a la ex presidente Cristina Kirchner en las tribunas, compitiendo como candidata a senadora bonaerense, señalando lo mal que están las cosas desde que dejó el Gobierno y agitando los más sombríos pronósticos sobre el futuro, al mismo tiempo que varios de los más altos funcionarios de su Gobierno desfilan por los tribunales, procesados en distintas causas de corrupción.
Esta semana comenzó el juicio oral contra dos de los más prominentes de ese elenco. El ex vicepresidente Amado Boudou, juzgado por el traspaso irregular de las acciones de la empresa Ciccone, que imprimía los billetes, está acusado de negociaciones incompatibles y cohecho cuando se desempeñaba como ministro de Economía. En el otro caso, el ex super-ministro de Planificación Julio De Vido afronta el juicio por su responsabilidad en la tragedia de Once: el manejo de los subsidios para hacer andar los trenes aún sin contar con el mantenimiento adecuado pudo ser causal de aquel grave accidente ferroviario que terminó con 51 muertos. Once y Ciccone son dos causas paradigmáticas, ya que involucran a las dos partes: quienes desde la función pública otorgaron beneficios indebidos y quienes desde la actividad privada, fueron beneficiarios -o damnificados, según el caso- por estos negocios y negociados.
En el caso Ciccone, también está en el banquillo de los acusados Nicolás, primer dueño de la imprenta que llevaba su apellido. El juicio deberá determinar la actuación de otros empresarios y banqueros que intervinieron en el salvataje de la empresa. El ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, imputado por el fiscal, zafó de este juicio por determinación del juez Ariel Lijo. Su jefe de asesores, en cambio, es el que debe responder por el plan de facilidades con el que se benefició Ciccone para saldar sus deudas fiscales.
En el caso de Once, ya fueron condenados los hermanos Cirigliano, que manejaron TBA y que aún están en libertad ya que su condena no está firme. De Vido, principal responsable de la obra pública durante esos doce años de administración kirchnerista, suma otras causas que lo obligan a visitar Tribunales casi a diario. Una es por las operaciones de importación de gas licuado con sobreprecios de 7000 millones de dólares. En otra, por un fraude por 280 millones de pesos en la mina de Río Turbio, tiene un pedido de desafuero y detención por parte del fiscal Germán Moldes. Podría concluir el año con siete procesamientos por corrupción.
El ya tristemente célebre ex secretario de Obras Públicas, José López, integra también el calendario judicial. Con un doble procesamiento por enriquecimiento ilícito, se encuentra detenido desde junio de 2016, después de ser hallado con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Aparte, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a tres ex jefes de Gabinete en el marco de una causa en donde se investigan irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos entre 2013 y 2015. Y estaría por salir el procesamiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó en la causa por el pago de coimas para la compra de la actual sede de la Procuración. El Estado desembolsó en total 43,8 millones de pesos por el inmueble, de los cuales casi 8 millones correspondieron a una comisión abusiva, de alrededor del 20% del precio. Gils Carbó está acusada de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Causales, por cierto, de juicio político.
La ex presidente denunció, en estos días, que "con este Gobierno, cualquiera puede ir preso". Entiende que las causas de corrupción que enfrentan sus ex colaboradores forman parte de una ofensiva judicial digitada por el gobierno de Cambiemos. Así es como se ha concebido la relación con la Justicia durante los sucesivos gobiernos: subordinación e injerencia. Es la política que tenemos. Es la Justicia que tenemos. Al fin y al cabo, los jueces que hoy avanzan sobre ex funcionarios del kirchnerismo son los mismos que estaban durante la anterior administración. Por acción u omisión, se los ve siempre como herramientas del poder político de turno. Sin embargo, puede estar ocurriendo algo distinto ahora. La instancia del juicio oral y público tiene un carácter ejemplificador para la sociedad: deja expuestos los actos de corrupción y permite conocer su operatoria, con los principales implicados respondiendo por su actuación. Esta Justicia, tan criticada y vapuleada, ya condenó dos veces a un ex presidente constitucional, Carlos Menem, quien sin embargo sigue gozando de la libertad, por su condición de senador nacional, ahora en busca de renovar su banca por La Rioja.
Que el pasado se dirima en los Tribunales, y que quienes tienen allí varias cuentas pendientes sean quienes apunten con mayor vehemencia sobre las lacras y opacidades del presente no es lo mejor que nos puede pasar. Por dos razones: porque se precisa una oposición que esté limpia de culpa y cargo, para ejercer su control sobre el Gobierno y prevenir daños futuros; y porque la existencia de un Poder Judicial y organismos de control independientes se prueba no sólo cuando se investigan y condenan hechos y funcionarios del pasado caídos en desgracia. Pero es una etapa necesaria que hay que atravesar, en el camino hacia una democracia con más transparencia, menos corrupción y menos impunidad.
