Marcela Losardo dejará en las próximas horas el Ministerio de Justicia porque, según remarcó el propio presidente Alberto Fernández, está “agobiada”. Es que el tema judicial, se convirtió en la mayor prioridad para el oficialismo y, sobre todo, para los sectores del kirchnerismo más duro que reclaman reformas radicales del sistema. Por ello, ahora todas las expectativas están puestas en saber quién será el elegido para emprender la cruzada.
En las últimas horas se agitó la danza de nombres, aunque aún en el marco de las especulaciones y los trascendidos. De Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, los primeros que mencionó el Fernández cuando confirmó la salida de Losardo, se pasó a hablar de Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia), de Juan Martín Mena (viceministro de Justicia) y de Marisa Herrera, una jurista identificada con el movimiento feminista y que integró el Consejo que trabajó 100 días para diseñar reformas judiciales.
Definir quién será el sucesor de Losardo, socia histórica de Fernández en su actividad privada, representa un paso clave para los tiempos que se avecinan, o que por lo menos tratarán de promover desde la Casa Rosada y desde el kirchnerismo. Así se encargó de plantearlo el Presidente cuando, el pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, focalizó su discurso en la necesidad de acelerar la reforma del Poder Judicial.
Y días más tarde, la vicepresidenta Cristina Kirchner redobló su ataque contra la Justicia durante su alegato en el marco de la causa dólar futuro. Con una encendida presentación, la ex presidenta volvió a mostrarse como una víctima del “lawfare” para rechazar todas las investigaciones en la que ella y otros referentes oficialismo están imputados por hechos de corrupción.
En medio de la incertidumbre que reina en la antesala de los anuncios, lo más útil, tal vez, es repasar cuáles son las posiciones de cada uno de los potenciales candidatos sobre el estado actual de la Justicia y las posibles reformas que podrían apuntalarse en el futuro inmediato, a pesar de las críticas de quienes las asocian con un plan de impunidad promovido por Cristina Kirchner.
Martín Soria
Martín Soria actualmente se desempeña como diputado nacional por el Frente de Todos de Río Negro. Según Fernández, Soria no forma parte del núcleo duro del kirchnerismo porque, justificó, su hermana María Emilia, votó a favor del desafuero de Julio de Vido en 2017, cuando también ocupó una banca en la Cámara baja.
Sin embargo, Soria pareció moverse en sintonía con los reclamos de Cristina Kirchner. Él fue quien en febrero pasado presentó la denuncia contra el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, por visitar a Mauricio Macri en la Casa Rosada, durante el gobierno de Cambiemos. “Hornos visitó a Macri antes de procesar a Cristina Fernández y nadie se enteró”, advirtió el diputado.
Soria es uno de los defensores de la teoría conspirativa que promueve Kirchner. Incluso protagonizó cruces con sus pares de la oposición por denunciar que durante la presidencia de Macri “se manipulaba a la Justicia” y que se convirtió “a la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare”.
Para el diputado oficialista, el Poder Judicial está “rancio, corrompido y sin rastros de independencia e imparcialidad” y apuntó: “El lawfare sigue más vivo que nunca en algunos despachos del Poder Judicial; en algunos despachos de la Corte Suprema o de Comodoro PRO”, esto último en alusión a los tribunales federales ubicados en Comodoro Py 2002.
Ramiro Gutiérrez
Gutiérrez también es diputado nacional por el Frente de Todos de Buenos Aires, pero integra la coalición oficialista por su pertenencia en el Frente Renovador que creó y conduce el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Es un moderado que se limita a moverse dentro de las pautas que define Massa. A fines de enero, cuando el titular de la Cámara baja rechazó la posibilidad que planteó Alberto Fernández para que sea el Congreso el que discuta si es necesaria una amnistía a favor de ex funcionarios y dirigentes sociales detenidos por corrupción.
Gutiérrez replicó el mensaje de Massa, quien advirtió que “una amnistía para los casos de corrupción sería un gran error” y tomó distancia de esas gestiones al señalar que “la Justicia es quien absuelve o condena”.
De cualquier manera, el diputado massista reconoce que existen problemas en el Poder Judicial pero opinó que los problema no sólo se resuelven con reformas sino con la ampliación de los recursos disponibles. “Una Justicia lejana no es una Justicia que pueda dar la prestación que el ciudadano necesita”, repite y se queja porque “encontrar una farmacia de turno en el Conurbano es más fácil que encontrar al juez o fiscal de turno, sea provincial o federal”.
Al igual que Soria, Gutiérrez forma parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Julio Vitobello
Vitobello es amigo de Alberto Fernández y uno de sus colaboradores más cercanos. También se desempeñó como titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Cristina Kirchner, puntualmente entre 2009 y 2015.
El secretario general de la Presidencia siguió bien de cerca todos los pasos que se dieron en la Casa Rosada para aplicar reformas en el Poder Judicial. Hasta ahora, se movió en silencio y conservó su bajo perfil frente a las tensiones internas y las acciones que se emprendieron.
Juan Martín Mena
Actual Secretario de Justicia, Mena es de los que respaldan la consigna de Cristina Kirchner para que los “jueces den cuenta de lo que hacen”. Recientemente respaldó la diatriba de la vicepresidenta al señalar que “dejó bien expuesto a los cómplices de la persecución política del poder judicial”.
“Lo que dijo Cristina colabora para que la gente entienda cómo afecta en su vida el lawfare. Este alegato de Cristina viene bien para la actual discusión sobre qué hacemos con la Justicia”, avaló, quien fue procesado por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que impulsó Alberto Nisman antes de su muerte.
Mena es una persona de confianza de Cristina Kirchner. Entre otros cargos que ocupó, se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en 2010, como número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2015, participó en el diseño del nuevo Código Procesal Penal. Por sus contactos en el mundo judicial, lo señalan como uno de los principales operadores del kirchnerismo.
Marisa Herrera
El nombre de Herrera aparece como una novedad en la carrera de posibles candidatos. Integró el Consejo de juristas que creó Alberto Fernández para elevar propuestas para reformar la Justicia.
Es especialista en derecho de familia, infancia y adolescencia; doctora en Derecho por la UBA e investigadora del CONICET, y participó de las exposiciones a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En el dictamen referido a la Corte Suprema, Herrera y otros juristas señalaron que se requiere un “Poder Judicial que tenga la capacidad suficiente para reconstruir su propia legitimidad”.
“En este sentido, no solo se debe actuar con autonomía respecto del poder político, sino que también se debe ser capaz de resistir las presiones sistémicas de los poderes informales del mercado y de otros factores de poder que influyen en la toma de decisiones públicas”, advirtió en línea con lo expuesto por otros consejeros.
El mismo texto indica luego que el Poder Judicial “no puede mostrarse neutral frente a las desigualdades sociales existentes, de modo que se debe saber tender vínculos con los sectores más vulnerables, canalizando y visibilizando sus intereses para satisfacer sus postergados reclamos”.
“En otras palabras, un Poder Judicial igualador tiene el deber de transformarse en un ámbito de reconocimiento, ampliación y promoción de derechos de aquellos sectores que hoy se encuentran fuera del bloque social dominante. Las herramientas de deliberación abierta y transparente que aquí se proponen y fundamentan apuntan a lograr esos objetivos”, remarcaron.
