El Gobierno nacional había dicho que el jueves iba a anunciar al nuevo ministro de Justicia, pero hasta esta noche la saliente titular de esa cartera, Marcela Losardo, continuaba firmando resoluciones por lo que se extendió el misterio en una situación institucional casi inédita.
Nadie en la Casa Rosada sabía precisar al cierre de esta edición cuándo el Alberto Fernández dará a conocer el nombre del sucesor de Losardo. Este jueves, el Presidente estuvo una hora y media por la tarde en su despacho. En ese tiempo se reunió con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Y luego con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Con ellos trabajó bajo un estricto hermetismo sobre los pasos próximos que dará el gobierno.
Más críticas
En la mañana había enviado un nuevo mensaje a los tribunales. “Todo el día de ayer estuve reflexionando sobre el singular saludo del juez de Casación Penal Juan Carlos Gemigniani a sus colegas por el Día la Mujer”, dijo. Y citó la captura de una nota periodística de Infobae.
Tratarlas de “delincuentes”deja en evidencia su valoración sobre el respeto a la diversidad de género. Algún episodio que viene a mi memoria parece corroborar su maltrato a la condición de mujer.
— Alberto Fernández (@alferdez) March 11, 2021
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El título de la nota era: “‘Feliz día delincuentes’: un mensaje de un juez de Casación por el Día de la Mujer encendió la polémica”. Para Fernández, que Geminiani trate de “delincuentes” deja en evidencia su valoración sobre el respeto a la diversidad de género.
Pero la crítica no se detuvo en la cuestión de género. “Si interpretó palabras del presente me preocupa mucho más. Veo que las interpreta tan mal como en todos estos años interpretó el sistema legal vigente. Hay personas parciales en el sistema judicial que perdieron racionalidad a la hora de evaluar cuestiones que deben resolver”, dijo Fernández.
Todo es muy grave. Pero lo más grave es advertir que en manos de ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos. Abordar los cambios que Poder Judicial necesita depende de todos nosotros.
— Alberto Fernández (@alferdez) March 11, 2021
Y continuó: “Todo es muy grave. Pero lo más grave es advertir que en manos de ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos. Abordar los cambios que Poder Judicial necesita depende de todos nosotros”. El día anterior, una crítica muy similar, había compartido la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Gemigniani es un magistrado muy polémico. En mayo de 2019 había sido citado por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura por “faltas disciplinarias” en su desempeño, tras una denuncia por haber presuntamente detenido ilegalmente e incomunicado a una secretaria del tribunal.
La jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa reclamó sanciones para su colega Juan Carlos Gemignani, por un saludo que envió el lunes en el chat interno del tribunal en el que deseaba feliz día a las mujeres, “especialmente para las delincuentes”, tras una sentencia que había absuelto a una mujer por su situación de vulnerabilidad.
El misterio el sucesor
En medio de la danza de nombres sobre el sucesor de Losardo, este jueves surgió con fuerza el de la abogada y docente universitaria Marisa Herrera. Es una doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet).
Herrera, de militancia feminista, estuvo sentada atrás de Fernández el 29 de julio de 2020 en el Salón Blanco de la Casa Rosada cuando el jefe de Estado presentó el proyecto de ley de Reforma de la Justicia Federal. Ese mismo día se conoció el consejo consultivo de juristas que luego asesoró al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema judicial y los cambios que habría que hacerle para mejorar los procesos y resultados.
Herrera fue una de las integrantes del consejo consultivo. Y es la autora de iniciativas sobre las que Fernández ya confirmó que avanzará, como por ejemplo la creación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias encargado de revisar las decisiones jurisdiccionales dictadas por las Cámaras de Apelaciones Federales, la Cámara de Casación Penal y los Superiores Tribunales de Justicia.
Herrera cree que la posibilidad de un tribunal intermedio y la agenda digital e innovación tecnológica son sólo “soluciones parciales” para aliviar a la Corte Suprema de las 20.000 causas que le llegan por año. “No sólo no sería suficiente, sino que es necesario comprender que la ampliación/oxigenación de la máxima instancia judicial federal constituye -a la luz de lo que la realidad devuelve en espejo-, una de las grandes deudas pendientes”, escribió la letrada
Por la corresponsalía de Buenos Aires.