Patricia Bullrich fue una de las principales figuras de la política nacional en apuntar la negociación fallida con Pfizer. Ahora, junto a diputados y senadores opositores, denunció que hay irregularidades en el plan de vacunación que el Gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, llevó a cabo.
Los dirigentes señalan que la actual gestión “orientó el plan de adquisición de vacunas con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder”.
A su vez, los representantes de Juntos por el Cambio remarcan que quienes se encargaron de la planificación condujeron “al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales, y la decisión de mantener regímenes de restricciones de derechos y aislamientos obligatorios de la población que generan mucho mayor daño en la salud, en el acceso a la educación y en la destrucción de la economía”.
La denuncia fue elevada en un informe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el mismo, detallan que “el plan no cumple con los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del COVID19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”.
Luego, explican que los estándares incumplidos tienen dos ejes. Uno que “describe el proceso de distribución de las vacunas dentro del dispositivo nacional de vacunación, los operativos de logística y transporte de vacunas y los irregulares dispositivos de inmunización”.
Por otro lado, agregaron: “Los vacunatorios VIP, los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial, la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios”. Así, sostienen que “incumplen los criterios humanitarios y universales de vacunación”.
Por otro lado, existe un segundo punto que remarca “los mecanismos de adquisición de vacunas por parte del gobierno nacional y su falta de transparencia”.
A su vez, destacan que hay “falta de transparencia, de acceso a la información y el establecimiento de procedimientos de vigilancia y control”. Y detallan “Como ha sucedido en los casos de contratación AstraZeneca-mAbxience de Hugo Sigman; Sputnik V y Laboratorios Richmond de Marcelo Figueiras; Sinopharm y Sinergium Biotech de Hugo Sigman y la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax o la suspensión de las negociaciones para la compra de las demás vacunas reconocidas internacionalmente”.
La palabra de Patricia Bullrich
Patricia Bullrich reiteró su postura: “La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación”. Y agregó: “Se generó una situación de privilegio con quienes forman parte del partido de gobierno, a la vez la información fue nula, sin transparencia y acceso de la población a la misma”.
“Genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación, las razones por las cuales sólo se compraron algunas vacunas y se generó una duda frente a la falta de explicación del gobierno respecto a porque no se compraron vacunas accesibles donde la Argentina había participado en sus procesos de prueba”, indicó.
“Todo ello nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos merecemos respuestas y transparencia y no la hemos tenido”, cerró.
