En el marco de las múltiples acciones que se llevan adelante para tratar de contener la inflación y que incluyen negociaciones abiertas con empresarios y sindicalistas para establecer que el sendero de los precios y de los salarios se ajuste a las proyecciones del Presupuesto para este año, el Gobierno nacional “imputó” este miércoles a un grupo de grandes empresas del sector de los alimentos por “desabastecimiento”.
La Casa Rosada informó, mediante un comunicado, que “la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.
En este sentido, se detalló que las imputaciones se definieron al verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”.
Al respecto, se precisó que inspectores de la SSADC “identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo” y por ello se realizaron “inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021″.
El accionar oficial se enmarca en lo establecido en la resolución 100 (y modificatorias), que fija los parámetros legales para la implementación de Precios Máximos. Es que la medida, además de evitar aumentos injustificados, busca “garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”, según recordaron desde la Casa Rosada.
“Las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite ante la SSADC de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”, explicaron en el Gobierno nacional.
Las imputaciones, según cada empresa
Se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.
Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.
En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado.
En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.
La panificadora y elaboradora de pastas Fargo también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.
En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.
En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas.
Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo.
Múltiples acciones contra la inflación
La avanzada se enmarca en las gestiones para tratar de revertir la marcha de los precios, que en enero volvió a ser del 4% mensual por la presión de la división de Alimentos y Bebidas no alcohólicas que saltó 4,8 por ciento.
El objetivo del Gobierno nacional es revertir esa tendencia para que el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec termine el año con una evolución acumulada de alrededor del 29%, tal como lo vaticinó el ministro de Economía Martín Guzmán en el Presupuesto.
La semana pasada, Guzmán y el resto de los integrantes del Gabinete económico iniciaron las rondas de discusiones con referentes sindicales y empresariales para tratar de moderar las expectativas inflacionarias y coordinar así el futuro de los aumentos de precios y de salarios.
Paralelamente, el sábado pasado militantes de los movimientos sociales del oficialismo intensificaron sus recorridas para controlar que los grandes supermercados respeten los precios cuidados que definió la Casa Rosada para fijar una referencia para los consumidores.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reiteró este miércoles que “el precio de los alimentos es el principal problema” en la lucha contra la inflación y propuso, en declaraciones a radio El Destape, que “el productor le tiene que vender directo al consumidor”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
