El director de Human Rights Watch de América Latina, José Miguel Vivanco, se mostró preocupado sobre la realidad de la región y el avance de regímenes autoritarios en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
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En una entrevista exclusiva con TN.com.ar analizó las situaciones de estos tres países y observó que en los últimos años varios líderes latinoamericanos aprovecharon “las licencias de la gestión sanitaria y los superpoderes para avanzar sobre algunos derechos y sobre la independencia de poderes”.
“La pandemia ha provocado no solo un modo de vida anormal sino también una anormalidad en el ejercicio del poder. En algún casos los líderes han aprovechado estas situaciones para imponer medidas draconianas y concentrar el poder”, sostuvo en diálogo con Carolina Amoroso.
Sobre Argentina, declaró: “El actual gobierno ha tomado decisiones que son muy desafortunadas porque son contradictorias con un Estado que ha estado comprometido hasta ahora con la causa universal de los Derechos Humanos”
La situación en Cuba
“El gobierno cubano ha logrado, a través de la fuerza bruta con golpizas y detenciones arbitrarias, controlar la situación. Esas protestas que arrancaron el 11 de julio y que fueron sorpresivas para todos y que se reprodujeron a nivel nacional y que son las más importantes que se han registrado en Cuba en los últimos 60 años, mayores incluso que las que se dieron en el 94, obedecieron a la necesidad del pueblo cubano de lograr mayor libertad. Eso es lo que gritaban en las calles”, comenzó explicando Vivanco.
Y continuó: “Pero también está vinculado a la situación durísima de carácter económico por la que están pasando. A raíz de la pandemia, que por cierto ha sido muy mal manejada por el gobierno, la gente está sufriendo gran escasez de alimentos, de medicinas. Se pasan largas horas en colas para lograr un puñado de arroz, un par de huevos o pan. En gran medida, porque la pandemia paró el turismo. Y el turismo en los últimos años ha sido quizás la principal fuente de ingresos en Cuba. Pero eso, en un contexto de vigilancia constante o de represión, agotó la paciencia de muchos cubanos. Y el gobierno reaccionó como reacciona una dictadura: con represión dura, con juicios que no respetan el debido proceso”.
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Luego se refirió a las detenciones arbitrarias: “Hay por lo menos 62 personas ya condenadas por protestar pacíficamente. Sin debido proceso, sin derecho a un abogado. Ha habido en total unas 800 personas detenidas. Algunas han sido liberadas y se encuentran bajo arresto domiciliario. Y uno de los vehículos que ha facilitado estas protestas es Internet. Les ha permitido a los cubanos comunicarse, organizarse, denunciar abusos. Y el gobierno lo controla selectivamente. No lo ha cortado para toda la isla. Lo hizo durante las primeras horas de las protestas. Luego, se ha restablecido y solo selectivamente lo censuran a los activistas, los artistas, aquellos que ellos presumen que están informando no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo”.
Consultado sobre el impacto de las sanciones económicas (el denominado “bloqueo”) sobre la realidad cubana, explicó: “Las sanciones, especialmente aquellas que afectan el ingreso de remesas, generan indudablemente una situación de agobio económico, porque si los familiares intentan mandar remesas a personas en Cuba y hay restricciones en el flujo de esos ingresos, obviamente que eso tiene un impacto negativo. El embargo es una política que está siendo condenada durante ya un par de décadas por toda la comunidad internacional”.
Pero aclaró: “Creo que hay que distinguir: por un lado, las violaciones a los derechos humanos y, por otro, una discusión sobre el embargo. Creo que es perfectamente posible condenar esas violaciones de Derechos Humanos en Cuba, denunciarlas y presionar a ese régimen para que corrija esas políticas y prácticas y para que haya algún día una transición democrática en Cuba. Otra cuestión es si uno adhiere o no al embargo. Todo el mundo, prácticamente todo el planeta, salvo Estados Unidos e Israel, se opone a esta política de sanciones unilaterales que no han logrado ningún progreso en materia de derechos humanos o libertades democráticas en Cuba”.
“En la práctica, el embargo es una gran distracción y es un excelente pretexto para el régimen dictatorial que se presenta ante el mundo como una víctima. Creo que es hora de terminar con el embargo. Es irracional insistir en una política fracasada y esperar un resultado distinto. El resultado está a la vista: la dictadura cubana está en pie y sigue reprimiendo. Lo que debe surgir es una política multilateral de presión concertada sobre ese régimen. Pero ni Europa ni América latina van a coincidir con Estados Unidos en un embargo. No se trata de un embargo global, tendrán que haber otro tipo de incentivos que se impongan al régimen para lograr mejoras en Derechos Humanos y libertades públicas”, amplió.
El rol de la comunidad internacional ante Nicaragua
“La situación en Nicaragua es verdaderamente dramática. Nunca nadie pensó que en pleno siglo XXI, un dictador, un caudillo latinoamericano se permitiera sacar de circulación, detener arbitraria y sistemáticamente a cada uno de los líderes democráticos capaces de competir con él en las elecciones presidenciales. Esto es algo que no tiene precedentes en América latina desde la época de las dictaduras militares de los setenta y ochenta. Algo tan flagrante y aberrante como inventar cargos contra los principales candidatos presidenciales y detenerlos uno tras otro. Y se mantienen incomunicados y los partidos políticos están vedados. Sin embargo, Ortega mantiene el calendario electoral y se propone algo que resulta inverosímil a estas alturas. Probablemente en otras épocas fueron toleradas, como en el caso de Stroessner en Paraguay. Pero que en esta época, que este señor y su mujer, que es la vicepresidenta de Nicaragua, pretendan seguir adelante con el calendario electoral con un régimen de partido único y de candidato único, y cuyos resultados ya los conocemos, es realmente una provocación para los nicaragüenses y para la comunidad internacional. Si Ortega logra salirse con la suya, esto sienta un precedente nefasto para la región”, sostuvo.
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Y agregó: “Nicaragua es un país muy pequeño y muy pobre. Es el segundo país más pobre de América Latina. No tiene el músculo económico y político de Venezuela ni tampoco divide a la comunidad internacional como Cuba. Porque Cuba, debido al embargo, muchos se niegan a condenar la situación allí. En Nicaragua no hay una situación de división internacional. Creo, en gran medida, que Ortega sigue avanzando y concentra el poder total (porque lo controla todo: el Congreso, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Policía, el Ejército) porque el contexto regional no es bueno. No hay grandes modelos en la región. Estamos pasando una muy mala etapa. Y no me estoy refiriendo específicamente a Venezuela y Cuba. Me estoy refiriendo a México, a Bolsonaro en Brasil. A países importantes que en su momento pudieron haber hecho esfuerzos serios para presionar a un régimen como el de Ortega a cambiar de curso. No hay grandes modelos que exhibir. En Centroamérica, salvo Costa Rica, no hay donde ir. Honduras, El Salvador y Guatemala están gobernados por autócratas. No llegan a los niveles de Ortega todavía pero son déspotas en potencia. Una de las razones por las que uno no está viendo una reacción fuerte, una reacción rotunda de la región condenando los abusos en Nicaragua es porque muchos de estos gobiernos en América Latina probablemente temen que ellos pueden ser los próximos. Si ellos se suman a una condena contra Ortega y ellos mismos tienen planes autocráticos, ellos pueden contribuir a construir una práctica regional que se les aplique a ellos mismos. Estamos realmente pasando una etapa muy difícil”.
Maduro ante la Justicia
Luego, se le consultó sobre la situación de la demanda contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y respondió: “Lamentablemente, creo que ese caso tiene gran futuro. Y digo lamentablemente porque quienes sufren las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad, de la represión sistemática son los venezolanos”.
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Siguió: “En este instante, el caso se encuentra bajo lo que se llama una investigación preliminar por parte de la fiscalía de la CPI. Sin embargo, las noticias que estamos recibiendo demuestran que la propia fiscalía y la fiscal saliente, la doctora (Fatou) Bensouda llegó a la conclusión de que había que pasar a la próxima etapa. Una etapa ya no de una investigación preliminar sino una investigación formal. Esa fiscal culminó su período hace un mes y ahora hay un nuevo fiscal, el doctor (Karim) Kahn que tendrá que revisar estos hechos y ojalá llegue a la misma conclusión. Si esto es así, Venezuela será el primer caso en América Latina de un Estado que está sujeto a una investigación formal por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. Y quienes responden no son ya los autores materiales sino los mayores responsables. En este caso, Nicolás Maduro. Un elemento que es importante para la Corte Penal Internacional es llegar a la conclusión de que no hay posibilidades de justicia. Y como sabemos, desde 2004, en tiempos de Chávez, en Venezuela la Justicia está subordinada plenamente al poder ejecutivo. De modo que es ilusorio pensar que estas violaciones de Derechos Humanos puedan ser sancionadas por los órganos institucionales internos. Por eso, la CPI tiene una función que cumplir.
El rol de Argentina
FInalmente, Vivanco analizó la posición de Argentina en los casos Nicaragua, Cuba y Venezuela: “En política exterior, el actual gobierno argentino ha tomado decisiones muy desafortunadas porque son contradictorias con un Estado que ha estado comprometido hasta ahora con la causa universal de los Derechos Humanos”, lanzó.
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“Desde que la Argentina recuperó la democracia con el fin de la dictadura de las Juntas Militares, la política exterior de la Argentina ha sido muy consistente en avalar y promover estándares internacionales universales en materia de Derechos Humanos. Sin selectividad y sin doble rasero”, sumó.
Y agregó: “Es muy sorprendente y es increíble que el presidente argentino sostenga que no conoce la situación de los Derechos Humanos en Cuba y que prefiera pronunciarse contra el embargo”.
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“Me parece que sobre el embargo es perfectamente legítimo tener una opinión, como la tienen la gran mayoría de los países a nivel global, en rechazo a esta política de sanciones unilaterales por parte de Washington. Pero pretender que no está al tanto de las prácticas totalitarias de un régimen militar que se mantiene en el poder durante 60 años, negando la vigencia de los derechos básicos. En un país donde no hay derecho a la libertad de expresión, donde no hay asociaciones de la sociedad civil independientes del régimen. Es un país donde a las personas se las detiene por actividades pre-delictivas, sin debido proceso, porque las autoridades del Estado sospechan que puede cometer un delito. Y un delito en Cuba, óigase bien, es ejercer el periodismo. Literalmente lo está en las leyes. Hay una serie de actividades que están prohibidas. Una de ellas es el ejercicio del periodismo. También el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Son actividades que son vistas con sospecha, como conspirativas, propias de personas que están involucradas en actividades contra la seguridad del Estado”, describió.
Y luego apuntó directamente contra Alberto Fernández: “No se puede creer que el jefe de Estado de Argentina, que está informado de los abusos policiales en Chile y en Colombia, y los ha condenado públicamente, cosa que me parece muy bien, escoja no emitir una opinión sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cuba. Y en Nicaragua, que Argentina junto con México haya invocado la política de la no injerencia, me parece que, en el caso argentino, significa renunciar a la obligación jurídica y hasta ética de velar por la causa de los Derechos Humanos”.
