La ONG internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) emitió este viernes un duro informe sobre Formosa y las medidas adoptadas por el gobernador Gildo Insfrán para contener los contagios de coronavirus en la provincia. “Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al COVID-19”, se titula.

Entre las violaciones a derechos humanos que enumera el artículo —avalado por los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins— figuran “condiciones insalubres en centros de aislamiento y cuarentena” y “restricciones a la libertad de expresión”.

Una de las tantas imágenes de aislados en las escuelas de FormosaLFA

Además de “medidas frecuentemente abusivas e insalubres”, marca el informe, “las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

El informe destaca que: “Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.

Continúa: “Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de COVID-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí.

El manejo del Gobierno Nacional

A finales de enero, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, recorrió los centros de aislamiento que menciona el informe, y resolvió que “no hay un plan sistemático de violación de derechos”. “Acá no hay centros clandestinos de detención ni se cometen delitos de lesa humanidad”, dijo después.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández fue muy poco contundente al expresarse sobre las crudas imágenes de violencia y represión policial en Formosa. “Nos preocupa el nivel de violencia institucional”, deslizó el 6 de marzo, pero dos días después recibió a Insfrán en Buenos Aires, donde se reunió con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y participó de un acto contra la violencia de género en Casa Rosada.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, saluda al presidente Alberto Fernández durante la firma de un acuerdo contra la violencia de género. (Clarín)

Continúa el informe: “Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19”, expresa, citando a Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.

La información para elaborar el informe la obtuvo HRW gracias a entrevistas telefónicas que realizó entre enero y marzo de 2021. De un total de 45 personas consultadas, 30 habían estado confinadas en centros de aislamiento. También hablaron con médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. “La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo”, comunicó la ONG.

El informe se explaya largamente sobre una lista de abusos cometidos en Formosa, y se detiene sobre “el rol de la policía en el rastreo de contactos estrechos”, las “detenciones arbitrarias”, las “condiciones insalubres y peligrosas”, el “aislamiento en la ciudad de Clorinda” y los “derechos de acceso a la información, libertad de expresión y reunión pacífica”.

Hace también un análisis de la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y remarca, entre muchas otras cosas, que: “El equipo de la secretaría solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”, que “el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó cuatro centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos”, y que “en el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”.

El informe completo.