Este miércoles es el día en el que representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirán ante la Corte Suprema de Justicia en una audiencia de conciliación por el pleito iniciado tras el quite de la coparticipación porteña, en septiembre de 2020.
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El encuentro comenzará a las 11 e incluirá a abogados de las partes y el encargado de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte.
Los representantes de ambas administraciones expondrán sus posturas en la causa iniciada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en rechazo a la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad.
Después de la exposición de ambas partes, el Gobierno nacional tendrá dos meses para responder a los argumentos planteados ante la Corte Suprema por la administración porteña.
Las bases de la citación
La audiencia fue convocada el pasado martes en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.
Ese artículo establece además que en cualquier momento “podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación”.
Asimismo, tiene la facultad de “proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria”.
En todos los casos, recordaron las fuentes, la proposición de fórmulas conciliatorias “no implicará prejuzgamiento”.
Además, la Corte hizo referencia en la citación al artículo 338 del mismo código, que dice que “cuando la parte demandada fuere la Nación, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de 60 días”.
El inicio de la disputa
El conflicto se remonta a septiembre del año pasado, cuando policías bonaerenses realizaron una protesta por mejores ingresos, para lo cual el Gobierno provincial de Axel Kicillof destinó mayores fondos que le derivó el Gobierno nacional.
El presidente Fernández apeló a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para conseguir ese dinero, redireccionándolo de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia. Más tarde el Gobierno nacional elevó un proyecto al Congreso mediante el cual se ratificó esa medida. Los fondos nacionales en cuestión se le habían asignado a la Ciudad desde el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri para financiar los costos del traspaso de la Policía Federal.
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Luego del DNU del presidente Fernández ratificado por el Congreso, el Gobierno porteño realizó sendas presentaciones ante la Corte Suprema para tratar de revertir esa disposición.
Además, Rodríguez Larreta obtuvo de la Legislatura porteña la aprobación de un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y otras medidas para aumentar la recaudación.
Con información de Télam.
