Juliana Argañaraz
Finalmente, el 21 de abril la Ciudad de Buenos Aires y la Nación se reunirán en una audiencia de conciliación citada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el pleito iniciado por la administración porteña por el redireccionamiento de fondos de la coparticipación que dispuso Alberto Fernández, destinado a reforzar el presupuesto de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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La reunión será el 21 de abril a las 11 y no será pública ni participarán los jueces de la Corte.
“El Procurador entendió que el tema es competencia originaria de la Corte Suprema y corre traslado, tras lo cual se invita a las partes a una reunión con la Secretaría de Juicios Originarios” del máximo tribunal y “empieza el proceso”, dijeron fuentes judiciales a Télam.
En el encuentro estarán los abogados de las partes y el representante de esa área del Alto Tribunal, y las partes expondrán sus posturas en la causa iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Horacio Rodríguez Larreta.
De todas maneras, el Gobierno nacional tendrá dos meses para responder a los argumentos planteados por la administración porteña.
Las bases de la citación
La audiencia fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.
Ese artículo establece además que en cualquier momento “podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación”.
Asimismo, tiene la facultad de “proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria”.
En todos los casos, recordaron las fuentes, la proposición de fórmulas conciliatorias “no implicará prejuzgamiento”.
Además, la Corte hizo referencia en la citación al artículo 338 del mismo código, que dice que “cuando la parte demandada fuere la Nación, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de 60 días”.
El inicio de la disputa
El conflicto se remonta a septiembre del año pasado, cuando policías bonaerenses realizaron una protesta por mejores ingresos, para lo cual el Gobierno provincial de Axel Kicillof destinó mayores fondos que le derivó el Gobierno nacional.
El presidente Fernández apeló a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para conseguir ese dinero, redireccionándolo de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia. Más tarde el Gobierno nacional elevó un proyecto al Congreso mediante el cual se ratificó esa medida. Los fondos nacionales en cuestión se le habían asignado a la Ciudad desde el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri para financiar los costos del traspaso de la Policía Federal.
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Luego del DNU del presidente Fernández ratificado por el Congreso, el Gobierno porteño realizó sendas presentaciones ante la Corte Suprema para tratar de revertir esa disposición.
Además, Rodríguez Larreta obtuvo de la Legislatura porteña la aprobación de un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y otras medidas para aumentar la recaudación.
Hasta ahora la Corte no se había pronunciado sobre las presentaciones del Gobierno capitalino, pero ahora apeló al mecanismo de la conciliación para procurar una solución.
Con información de Télam.