Carolina Ramos
Con un Gobierno que se muestra al margen, arrancó este miércoles en el Senado el debate de ocho proyectos de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia y garantizar el cupo de género. La discusión, que tiene el visto bueno del peronismo, es motorizada por el aliado oficialista Juan Carlos Romero y la peronista cordobesa Alejandra Vigo, quienes intentan despejar sospechas y niegan haber recibido órdenes de Casa Rosada.
El debate comenzó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Vigo, y de Justicia y Asuntos Penales, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto. El senador oficialista convalidó el debate, pero no dio una definición concreta. “Tenemos que escuchar todas las campanas y despojarnos de todas las cuestiones ideológicas”, se limitó a decir.
Vigo, presidenta del plenario, convocará al Ejecutivo para que blanquee su posición en el próximo encuentro. La cordobesa se puso al hombro la causa en tándem con el salteño Romero, un senador cercano a Javier Milei que supo pisar la Casa Rosada y es autor de un proyecto para ampliar la Corte de cinco a siete jueces. Ambos comenzaron a buscar consensos con otros senadores y descartan una intervención de la Rosada.
“No dialogamos ni legislamos en nombre del Gobierno ni por mandato del Gobierno. Como legisladores tenemos la facultad y el deber de dialogar y encontrar consensos para encontrar soluciones”, sentenció Romero. “Hoy se reinició un debate que ha estado teñido por muchas cuestiones políticas. Todos coincidimos en la importancia de avanzar”, aportó Vigo.
Los senadores no desconocen que, en pleno año electoral, el objetivo no será fácil y la discusión se extenderá en el tiempo, pero aún así están decididos a avanzar e intentar lo que no pudieron durante el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. En ese momento, el Gobierno se negó a abrir cualquier otra negociación y, ante la falta de acuerdo, nombró a los dos jueces por decreto, lo que derivó en el rechazo del Senado.
Unión por la Patria, uno de los que más pujaba para abrir un debate integral por otros cargos, dio el visto bueno. “Estamos dispuestos a un diálogo institucional, a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, convalidó el jefe de la bancada, José Mayans, en el marco de una extensa diatriba sobre la “crisis” que atraviesa el Poder Judicial. El formoseño calificó como “oportuno” el proyecto de Romero.
El PRO no se expresó en el debate y la UCR hizo salvedades. El jefe del bloque radical, Eduardo “Peteco” Vischi, pidió que una ampliación “no sea solamente para resolver problemas políticos”, mientras que el fueguino Pablo Blanco advirtió que “últimamente este Senado se junta pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política y no opera con los temas de la gente común”.
El plenario de este miércoles arrojó las primeras coincidencias sobre la necesidad de normalizar no solo la Corte, sino de todo el Poder Judicial (donde están vacantes cientos de cargos) y la Procuración General, donde al igual que con los jueces de la Corte se requieren dos tercios de los votos.
En ese contexto, Mayans cargó contra la Corte actual. “Los miembros de la Corte no están a la altura de las circunstancias. Su función es interpretar y aplicar la Constitución, y esta Corte la ha violado permanentemente”, alertó el peronista, quien tildó a los jueces como “ineptos y corruptos” a pesar de que el PJ había avalado a dos de ellos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, propuestos por Mauricio Macri.
Los senadores se llevaron como tarea estudiar los ocho proyectos con estado parlamentario. Los autores son Vigo, Romero, las kirchneristas Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez, el radical Flavio Fama, la neuquina Lucila Crexell y la rionegrina Mónica Silva. La propuesta de Sapag es la más audaz: replica una media sanción del Senado para llevar la Corte a 15 integrantes.
AGN
Paralelamente, los senadores iniciaron el debate sobre la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), que está paralizada porque están vacantes los cargos de los tres auditores que le corresponden a cada cámara. La discusión continuará en las próximas semanas en una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Comenzaron a tratarse tres proyectos. Uno, de Mayans, aumenta la cantidad de auditores a ocho (cuatro por cada cámara), lo que podría ser una salida a la falta de acuerdo actual porque garantizaría lugares para tres o cuatro fuerzas políticas.
Un segundo expediente, del salteño Romero, mantiene igual la cantidad de miembros. Y el tercero, de otro salteño, Sergio Leavy, reduce los integrantes a cuatro, dos por cada cámara. Las tres iniciativas coinciden en acortar de ocho a cuatro los años de mandato.
Desde el radicalismo, Vischi y Blanco plantearon la urgencia de cubrir primero las vacantes para luego evaluar una reforma de la AGN. La UCR tiene intenciones de colocar, en nombre del Senado, al exsenador formoseño Luis Naidenoff. En Diputados candidateaban al exdiputado Mario Negri, pero con las últimas negociaciones quedó con un pie afuera.
El debate se cruza con el que ya inició Diputados. Este miércoles, la comisión homónima siguió debatiendo sus proyectos (entre ellos uno del presidente de la Cámara, Martín Menem), pero no hubo grandes avances. Unión por la Patria, que en este tema tiene un acuerdo con Encuentro Federal para colocar, respectivamente, a Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó, insistió en nombrar esos dos auditores.