Después de que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunciara que continuaría con el dictado de clases presenciales, aún a pesar del fallo de la Justicia Federal que ordenó la suspensión, Alberto Fernández calificó la actitud de “desobediencia civil”.
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“Para el Gobierno la Ciudad incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial. Así lo expresó @alferdez a sus principales colaboradores”, reza un tuit del portal Dataclave, que el propio Fernández compartió, avalándolo.
Con otro gesto en Twitter, el presidente insistió con la idea de la desobediencia. Las palabras no vinieron directamente de Fernández, sino de Lorena Pokoik, legisladora Porteña del Frente de Todos y vicepresidenta del Partido Justicialista de Capital Federal.
“Lo que está haciendo @horaciorlarreta se llama delito de desobediencia. El domingo @horaciorlarreta dijo que los fallos hay que cumplirlos. Lo que no dijo es que no está dispuesto a cumplir con los fallos que no escriben sus amigos de la mesa judicial”, escribió Pokoik, y Alberto la retuiteó.
Así, Fernández dejó bien en claro qué piensa de la reacción de la gestión de Rodríguez Larreta a la decisión judicial que se conoció el martes, tras la cual el jefe de Gobierno convocó de urgencia a su mesa chica.
“Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”, comunicó finalmente el Gobierno porteño el martes a la noche.
Pero antes de los mencionados RT, el presidente había compartido un primer tuit, también de Pokoik, que acusa al Gobierno porteño de reconocer “una resolución de un tribunal incompetente poniendose por fuera de la Constitución y la organización republicana”. “Esto ya sobrepasó la discusión sobre la autonomía. Esto es una grave desobediencia institucional en un momento donde nuestras vidas están en peligro”, cierra.
El fallo de la justicia federal
El martes, el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 declaró la incompetencia de la Justicia porteña y le mandó el expediente a la Corte Suprema, por lo que quedó sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos y se suspendieron las clases presenciales en CABA.
El fallo del juez Esteban Furnari respondió así al pedido de inhibición realizado por el Poder Ejecutivo Nacional vía la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, que se había presentado en las primeras horas del lunes para que se mantenga la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 214.
El planteo de la Procuración fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2. Esto ocurrió tras la controversia jurídica que generó un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene competencia federal.
Fournari admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, y dispuso su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En segundo lugar, dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021 en la causa iniciada por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada. E hizo saber al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que deberá “abstenerse de aplicar o ejecutar la medida allí ordenada”.
La Ciudad, en rebeldía
Sin embargo, Rodríguez Larreta y su círculo rojo decidieron no acatar este fallo, y ratificaron que este miércoles habría clases presenciales en la Ciudad, como hubo lunes y martes, incluso a pesar de la reacción en contra de un puñado de gremios docentes, que pararon sus actividades.
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“Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”, comunicó el gobierno porteño el martes.
Y sobre el fallo, indicó: “Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratifica que las clases continuarán siendo dictadas en forma presencial como hasta el día de hoy”.
