Un juez federal dejó sin efecto el fallo de la justicia porteña y ordenó la suspensión de las clases presenciales en Buenos Aires tal como lo establecía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había presentado el presidente argentino, Alberto Fernández, como medida para contener la propagación del coronavirus en la ciudad, tras el aumento de casos de las últimas semanas. La bronca de los vecinos se escuchó a través de un cacerolazo en distintos barrios.

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El fallo del juez Esteban Furnari respondió así al pedido de inhibición realizado por el Poder Ejecutivo Nacional vía la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini. A partir de esto, los equipos jurídicos de la Ciudad ya están analizando el fallo, pero en principio dirán que el juez es incompetente porque la Corte ya aceptó el caso.

Además, la decisión de suspender las clases presenciales generó nuevamente indignación en parte de la población que salió a los balcones a manifestarse y a realizar un cacerolazo.

Apenas conocida la noticia, se escuchó la protesta en Belgrano, Palermo, Núñez, Barracas, entre otros barrios de la Ciudad.

Luego de que empezara a circular la información, se pudo sentir también la manifestación de los vecinos de Almagro, Villa Crespo, Colegiales y Recoleta, entre otros.

Tras el fallo, el colectivo “Padres organizados” convocó a la protesta por las redes sociales, tal como lo había hecho en oportunidades anteriores.

Para Larreta “los datos son contundentes” en lo que se refiere al aumento de casos, el jefe de gobierno de la ciudad aclaró que “las clases presenciales no aumentan los contagios”, según los datos que maneja.

El fallo de la Justicia

El magistrado Esteban Furnanri, del Tribunal Contencioso Administrativo Federal, respondió al reclamo del Gobierno nacional y declaró incompetente a la Cámara de Apelaciones porteña para entender en la causa sobre la suspensión de las clases presenciales.

Suspensión de clases presenciales: los vecinos de la Ciudad reaccionaron con un cacerolazo (Foto: Clarín)

Furnanri pidió al Gobierno de la capital argentina a que “se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana” por parte del mandatario en el marco del decreto que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, la capital y varios municipios) para contener la segunda ola de coronavirus.

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El fallo pasará ahora a manos de la Corte Suprema que se declaró competente para analizar el caso y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión, por lo que se estima que esté listo en los próximos días.

La prohibición del dictado de clases presenciales afecta a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.