Cambiaron de cárcel a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez

La decisión fue tomada luego que un juez retrocedió y anuló una orden para que sea atendida de su cuadro de hipertensión en una clínica.

Cambiaron de cárcel a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez
La autoproclamada presidenta de Bolivia fue detenida ayer y la Fiscalía pide 6 meses de prisión preventiva.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue cambiada de cárcel luego que un juez retrocedió y anuló una orden para que sea atendida de su cuadro de hipertensión en una clínica.

La Dirección de Régimen Penitenciario informó en un comunicado que la salud de la exmandataria es “estable” y que el cambio fue para darle una mejor atención a su salud en otro penal con mayores condiciones.

“Me sacaron diciéndome que iba a la clínica”, dijo Áñez en un breve contacto con la prensa durante su traslado en una ambulancia. La exgobernante lleva cinco días de detención preventiva por un presunto caso de terrorismo y sedición.

Áñez, de 53 años, tiene problemas con la presión arterial y a raíz de su detención en una cárcel el cuadro se le complicó por lo que su familia buscó varias formas para que fuese trasladada a un hospital, informó su hija Carolina Ribera.

La tarde del viernes la familia consiguió la orden de la justicia para que pueda ser tratada en un centro de salud, pero horas después el juez retrocedió y envió a una unidad médica del Instituto de Investigación Forense (IDIF).

Ante las críticas de los opositores por la detención de Áñez, el presidente Luis Arce dijo la víspera que ello no se trataba de “odio ni venganza, sino de justicia”.

Jeanine Añez. (Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko)
Jeanine Añez. (Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko)

En tanto, un cabildo en la ciudad de La Paz pidió la libertad de Áñez y de dos de sus exministros.

Áñez asumió la presidencia interina en noviembre del 2019 tras la renuncia de Evo Morales y de varios parlamentarios en medio de una crisis política social que dejó al menos 36 fallecidos por denuncias de un posible fraude electoral.

El gobierno de Arce y su partido consideran que hubo un presunto golpe de estado por lo que abrieron el caso de sedición y terrorismo, que es cuestionado por la oposición y otros sectores.