Rita Márquez
En medio de una audiencia para evaluar la “acción de libertad”, la Justicia autorizó que Jeanine Áñez, detenida por cuatro meses de manera preventiva, sea llevada a una clínica. Entre los factores que habilitaron la decisión se mencionaron un cuadro de presión alta, además, señalan que Áñez “está muy deprimida” y que habría emprendido “una huelga de hambre”.
Según indicaron desde el Gobierno boliviano, en cuanto la detenida manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada. En ese momento, la Dirección de Régimen Penitenciario “verificó con la abogada de la interna que no era necesario algún traslado a una clínica”. La hija de Áñez, Carolina Ribera, denunció que no se haya autorizado entonces su traslado, reclamando su libertad por razones de salud.
Anteriormente, al permiso finalmente otorgado, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, Amparo Carvajal, visitó a la detenida, quien le manifestó que “su vida ya no tiene sentido”.
Carvajal señaló que notó a la expresidenta de facto “pálida y delgada”, y que los oficiales deben insistir para que coma, dado que ella se niega rotundamente. De todos modos, la huelga de hambre no fue confirmada oficialmente.
Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, renunció al cargo, en medio medio de varios procesos que lleva adelante esa fiscalía, en contra de exautoridades por el golpe de Estado de 2019.
El gobierno difundió una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoce que los detenidos por el caso “se encuentran en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso” establecido en la Constitución y tratados internacionales de Derechos Humanos.
“La información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Pública”, subraya el documento, reportado por el Ministerio de Justicia.
Con información de Télam.