Causa D'Alessio: un prefecto es el quinto detenido por Ramos Padilla

La causa judicial en la que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga una presunta red de espionaje ilegal, tuvo en las últimas horas una derivación inesperada: la detención de un primer integrante de una fuerza de seguridad federal como parte de la banda.

Se trata del prefecto principal Marcos Antonio Luffi, de 46 años, integrante de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desde 1993, detenido la noche del lunes en el edificio Guardacosta porteño, sede de esa fuerza, acusado por el juez dolorense de integrar la banda de espionaje en la que el principal imputado es el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Luffi se convirtió así en el quinto detenido por Ramos Padilla como presunto integrante de la banda que involucra a fiscales, jueces, abogados, políticos y periodistas. En este causa está prófugo de la Justicia el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de "la causa de los cuadernos" en la que está acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por no presentarse a declarar las cuatro veces que lo citó el juez dolorense.

Así, además de Luffi y de D'Alessio, también permanecen bajo arresto los ex comisarios de la policía bonaerense Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, quienes habrían aportado información de inteligencia a jefes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ex Side); como el ex integrante de esa central Hugo "Rolo" Barreiro.

Fuentes judiciales dolorenses dijeron que el prefecto declarará mañana (miércoles) ante Ramos Padilla y que su detención se basó en documentación hallada en allanamientos del domicilio de D’Alessio, según la cual le pasaba información al falso abogado. La sospecha surgió porque muchos archivos electrónicos que tenía el falso abogado llevaban el nombre de usuario “Luffi”.

"Se han encontrado varios documentos creados o guardados por el usuario Luffi vinculado a diferentes casos en relación a actividades de inteligencia", señaló el informe de la Comisión Provincial de la Memoria, el organismo al que Ramos Padilla le encargó analizar la documentación secuestrada en la casa de D'Alessio.

Precisó el informe: "Es dable destacar que los archivos de texto (formatos Excel y Word) que poseen: interceptación de llamados y mensajes telefónicos registros migratorios de entrada y salida del país (SIGAM – DNM), informes contables y financieros con fuente en AFIR, ANSES, bancarios, BCRA, Base Nacional de Antecedentes Penales, Registro Nacional de Reincidencia, así como información personal referida por ejemplo, a la composición familiar de las personas blanco de las operaciones; todas ellas registran que el documento fue guardado o producido por el usuario 'Luffi'".

También el miércoles, pasado el mediodía, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, continuará con la toma de declaraciones del suspendido fiscal de Mercedes, Juan Bidone, quien declaró el lunes durante más de seis horas con el propósito de convertirse en "arrepentido". Según fuentes judiciales, en esa declaración Bidone dijo que compartió información sobre investigaciones a su cargo con D´Alessio porque creía que pertenecía a la AFI o que estaba vinculada a la misma. También justificó que el entonces agente de la AFI Barreiro le había presentado a D´Alessio.

Será el fiscal Curi quien una vez finalizada la toma de declaración evaluará si lo acepta como “arrepentido”, lo que luego tiene que ser homologado por Ramos Padilla.

El lunes, por otra parte, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, fue denunciado ante la Cámara Federal por supuesto abuso de poder y asociación ilícita por el abogado Fernando Miguez, por una presunta obstrucción judicial que estaría realizando en conjunto con el fiscal Stornelli.

Desde el momento en el que el juez de Dolores declaró "en rebeldía" a Stornelli por no presentarse a declarar, el procurador contó con diez días para intimarlo a comparecer ante la Justicia, pero no lo hizo. Lo cierto es que ese tiempo ya venció y, por tal motivo, Miguez acusa a Casal de no colaborar con la causa que se tramita en Dolores.

Por su parte, al reafirmar su competencia en la causa, Ramos Padilla aceptó la semana pasada como querellante al dirigente kirchnerista Eduardo Valdés.

El diputado del Parlasur se había presentado en el juzgado de Dolores para denunciar a las dirigentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.

Según el escrito que el exembajador en el Vaticano le dejó al magistrado de Dolores, Carrió habría recibido las escuchas del "operativo Puf" del propio D'Alessio; supuestamente, apuntaba a comprobar que Valdés fue el ideólogo de la denuncia del empresario Pedro Etchebest sobre D'Alessio.

Por la Corresponsalía de Buenos Aires.