La Corte Suprema de Justicia (CSJ) carece de instrumentos para hacer que el fallo "F.A.L." de 2012 sea de cumplimiento obligatorio en las provincias e impedir así que se reiteren casos como el de la niña tucumana Lucía de 11 años de edad a la que le hicieron una cesárea.
El fallo F.A.L se dio en el marco de un caso judicial surgido en Chubut. Una joven de Comodoro Rivadavia fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público.
Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia de la Justicia de Chubut y cuando la joven cursaba la semana 20 de embarazo intervino el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal de la Nación y permitió la realización del aborto.
Ahora, la polémica se disparó porque una niña de 11 años fue sometida a una cesárea en Tucumán. La menor había pedido un aborto porque su embarazo era producto de una violación.
Fuentes del máximo tribunal consultadas por Vía País descartaron la posibilidad de que el tema pueda tratarse en una próxima reunión de acuerdo, como también que pueda haber un pronunciamiento público recordatorio de lo que decidió hace siete años con aquel fallo.
“Lo único que puede hacer la Corte es lo que hizo: aconsejó a todas las jurisdicciones provinciales, que son las que aplican el derecho penal, que hiciesen un protocolo de salud en el cual se previese cómo intervenir en situaciones similares al caso F.A.L.”, dijo una de esas fuentes.
Recordaron, además, que la Corte no puede obligar a las provincias a adoptar un protocolo sanitario como el que elaboró entonces el máximo tribunal. “Las provincias hacen lo que quieren. La Corte no las puede obligar a hacer algo diferente”.
En segundo lugar, aclaró una de las tres fuentes consultadas, el aborto no es obligatorio a partir del pronunciamiento por el caso de 2012. “El fallo F.A.L. no dice que toda mujer violentada tiene que ser abortada. Quien sufre la violencia sexual y queda embarazada puede decir que la violentaron y que quiere abortar, ante lo cual tiene que hacérsele el aborto sin discusión alguna. Esto es lo que propone al Corte”.
Uno de los temas que incluye el protocolo que la Corte aconsejó adoptar es que los gobiernos provinciales deben implementar las medidas necesarias para que siempre haya un registro en los hospitales públicos de los médicos que no tienen objeción de conciencia.
"No puede ser que porque en un hospital todos son objetores de conciencia el aborto no se haga. Y si no el Estado provincial tiene que pagarle a un médico del servicio privado para que lo haga", puntualizaron.
“Por eso es tan importante que todas las provincias adopten un protocolo para que quien quiera hacerlo lo haga. Pero esto no lo podemos imponer, no hay ninguna manera de que lo hagamos, está dentro de las facultades de cada provincia”, insistió una de las fuentes en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales.
