Las empresas que estuvieron involucradas en la causa de los cuadernos de las coimas deberán cumplir ciertas condiciones para no perder los contratos de obra pública y seguir participando en licitaciones. El Gobierno no quiere detener la actividad en plena crisis económica.
Las compañías deberán apartar a los directivos condenados o arrepentidos por corrupción, cumplir con programas de "integridad" y con códigos de "buena conducta", y contar con medios de denuncia internos.
Los lineamientos que deberán cumplir las empresas involucradas para seguir como proveedores del Estado fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial, específicamente en la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción (OA).
Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Armando Losón (Albanesi), Juan Chediack (Chediack SA) y Manuel Santos Uribelarrea (MSU Energy) ya se distanciaron de la conducción de las compañías para no perjudicarlas.
"No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tiene miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo", expresó el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías en declaraciones a La Nación.
El Gobierno tiene como objetivo no detener la obra pública en plena crisis económica por la devaluación. Además, analizan la posibilidad de que las empresas paguen un resarcimiento al Estado por los perjuicios generados por el pago de coimas a funcionarios durante el kirchnerismo, indica La Nación.
