Mientras una discusión similar espera su resolución en el Concejo Municipal de una ciudad del norte santafesino, Concordia fue declarada como "ciudad provida" y activó así una medida sin precedentes en Argentina en el contexto del debate en el Senado sobre la legalización del aborto.
A diferencia de lo que ocurre en Avellaneda, el intendente justicialista Enrique Cresto tomó la decisión a través de la firma de un decreto que apoya "la defensa de la vida desde la concepción" y sienta postura desde el Ejecutivo contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
"Hoy ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de San Antonio de Padua que firmamos hace dos años ante el Papa Francisco", anunció el dirigente que sucedió en 2015 al actual gobernador Gustavo Bordet. De esta manera consiguió en segunda instancia que prospere una iniciativa que ya había fracasado al ser sometida al análisis de los ediles entrerrianos.
El ex senador provincial destacó que Concordia tiene "programas que acompañan al niño desde antes de nacer y hasta su vida adulta" y subrayó: "Estamos ahí junto a ellos, principalmente en los sectores más vulnerables, porque entendemos que el papel del Estado es poner equilibrio, dignificar y generar oportunidades para todos".
Los partidos de izquierda en la ciudad repudiaron enérgicamente la resolución y argumentaron que atenta contra "el Estado laico y las mujeres". A través de un comunicado, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) expresó: "Concordia no es una teocracia y por lo tanto no se puede imponer la doctrina religiosa por decreto".
