El Gobierno apela la orden que obliga a pagarle a Amado Boudou la pensión como exvicepresidente

Argumenta que no corresponde por su situación judicial y presentó una apelación. 

Boudou en la radio
Boudou en la radio

El Estado Nacional apeló la decisión de la jueza federal de la seguridad social, Ana María Rojas, que impuso un plazo breve a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que resuelva el reclamo iniciado por Amado Boudou para cobrar su pensión como exvicepresidente de la Nación.

La jueza federal presentó un amparo de parte del exvice y ordenó la la Anses que se resuelva "en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento" de ser denunciados penalmente por incumplimiento. Por este motivo, el Estado Nacional apeló la medida evitando que el organismo defina la situación por ahora.

El reclamo del Gobierno se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social y guarda relación con un reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA), a la que la Administración le pidió que intervenga y analice si corresponde que dicho beneficio sea otorgado a Boudou.

El exvice de Cristina Kirchner le reclama las 3/4 parte de un sueldo de un ministro de la Corte que gana, en promedio, unos 240 mil pesos por mes, tal cual lo contempla la ley 24.018. Serían unos 180 mil pesos.

La Anses había solicitado un plazo de 10 días para contestar y, una vez vencido, volvió a excusarse al señalar que estaba "esperando una respuesta" del área técnica del organismo.

Ahora, en la discusión interviene el organismo que conduce Laura Alonso que analiza si corresponde el pago de la jubilación de privilegio al ex funcionario kirchnerista "ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial".

La sentencia se conocerá después del 7 de agosto por parte del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) respecto a Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La OA, que es querellante en el juicio, solicitó una pena de 5 años y medio de prisión, más una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.