La ley de tarifas sancionada por el Congreso esta madrugada y vetada por el presidente Mauricio Macri horas después beneficiaba a los usuarios de electricidad de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en desmedro del resto del país.
Este fue el principal argumento utilizado por el oficialismo para expresar su rechazo a la iniciativa planteada por el "peronismo dialoguista" y apoyada por el kirchnerismo y bloques satélites. Aunque, para el Gobierno el motivo más fuerte era otro: un agujero fiscal de 115.029 millones de pesos este año.
La ley vetada proponía que las tarifas volvieran al nivel que tenían en noviembre de 2017, antes de los aumentos aplicados por el ministerio de Energía y Minería tras audiencias públicas.
Eso iba a demandar que las empresas le devolvieran como crédito de consumo a los usuarios todo lo cobrado “de más” en los últimos siete meses. Y tanto la Nación como los gobiernos provinciales iban a tener que conseguir los 4.600 millones de dólares necesarios para reponer los subsidios recortados.
Para Andrés Chambouleyron, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el proyecto de la oposición sólo hubiera tenido vigencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y "no aplicaría en las provincias".
Resulta que cada provincia tiene su propio marco regulatorio y la Nación no tiene injerencia, por lo que los gobernadores podrían no haber aceptado modificar los cuadros tarifarios a pesar de la ley nacional. Y ante cajas provincias complicadas por la desaceleración económica que se aproxima, las provincias no iban a retrotraer las tarifas.
El origen del problema
Mientras que en el AMBA, donde viven 13,6 millones de personas, el Gobierno kirchnerista mantuvo congeladas las tarifas desde 2006 a fuerza de subsidios, en el interior del país las distribuidoras eléctricas fueron ajustando los valores.
Esto llevó a que a finales de 2015 las tarifas para un consumo residencial mensual de 300 kilovatios por hora fueran diez veces mayores en Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, según un análisis del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano.
Ese mismo estudio señalaba que los usuarios residenciales de electricidad de Mendoza pagaban hasta 2,4 veces más por el mismo consumo que los clientes de la empresa Edesur, que opera en la mitad del territorio porteño y doce partidos del Conurbano bonaerense.
Como existía esa fuerte diferencia de tarifas que comenzó a reducirse en 2016 pero que aún no alcanzó a un punto de equilibrio para que todos los argentinos paguen lo mismo por kilovatio consumido (excepto quienes tienen la Tarifa Social), los aumentos que viene autorizando el Gobierno de Cambiemos son más altos para porteños y bonaerenses.
Entonces, como los porteños y quienes viven en el Conurbano venían siendo ampliamente más beneficiados desde hacía diez años por los subsidios respecto de quienes residen en otros grandes centros urbanos como Mendoza, Córdoba o Rosario, los ajustes anunciados fueron superiores.
Por ello, afirman en Cambiemos, si las tarifas volvían a los niveles de noviembre del año pasado la restitución de subsidios iba a ser mucho más elevada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la brecha iba a volver a agrandarse.
La ley de la oposición venía a romper con la idea de "armonización tarifaria" plantada desde el inicio de la gestión Cambiemos por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que hasta ahora viene en proceso a fuerza de recortes de subsidios y alcanzaría su "plenitud" a fines de 2019.
Para el gas la situación era un poco más pareja, dado que el precio retrotraído no iba a contar con la enorme brecha que sí registraría la tarifa de electricidad.
