El exfutbolista brasileño Ronaldinho, detenido junto a su hermano en Paraguay por falsificación de documentos, sufrió este sábado un revés judicial tras el rechazo de una apelación que interpuso su abogado ante el Tribunal de Apelación Cuarta Sala en Asunción, para acogerse a una salida abreviada del proceso judicial que afronta desde marzo pasado.
El exjugador del Barcelona, Milan y PSG, entre otros clubes, interpuso una apelación que fue denegada por la Cámara integrada por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández, que consideró "inadmisible" la acción de los abogados del exjugador, según revelaron fuentes judiciales citadas por medios de prensa paraguayos.
El Tribunal de Apelación Cuarta Sala rechazó ese beneficio, con lo que quedó firme la resolución del juez penal de garantías, Mirko Valinotti, quien el pasado 6 de marzo denegó una petición inicial de la Fiscalía para que Ronaldinho y su hermano Roberto fueran favorecidos por el "criterio de oportunidad".
El 4 de marzo pasado Ronaldinho, de 39 años, fue detenido en Paraguay, junto a su hermano Roberto Assis de Moreira, por presentar documentación falsa al ingresar al país.
Ambos se habían trasladado desde Brasil con el fin de participar de una campaña impulsada por la Fraternidad Angelical, que brinda asistencia médica para niñas y niños en situación de pobreza.
Ronaldinho estuvo en prisión en un centro de reclusión policial asunceño que alberga a políticos procesados por corrupción y reos con causas por narcotráfico tras una rectificación por parte de la Fiscalía, consignó el diario paraguayo Ultimas Noticias.
El exjugador y su hermano estuvieron alojados en ese centro hasta la noche del 7 de abril en que fueron trasladados a un hotel de la capital donde permanecen tras ser favorecidos por una prisión domiciliaria mediante el pago de una fianza de 1.600.000 de dólares.
El brasileño y su hermano están con custodia policial y con la prohibición de salir de Paraguay por el presunto delito de "uso de documentos públicos de contenido falso", con una expectativa de pena de hasta cinco años.
El escándalo ha salpicado a funcionarios de la Dirección de Migraciones y el Departamento de Identificaciones, que expide pasaportes y cédulas de identidad, así como a la autoridad del aeropuerto internacional de Asunción.
