El ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciará la semana que viene un road show virtual para una nueva instancia de negociación con los acreedores privados, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional para proponer una quita y postergar pagos, tras advertir que el país ya no puede seguir usando reservas para saldar vencimientos en dólares.
El funcionario hizo una teleconferencia con los bonistas en la que diagramó un escenario macroeconómico de "crisis dramática", volvió a pedir "buena fe" e insistió con que el Gobierno priorizará la atención de la situación social en el país, sobre todo tras el impacto del coronavirus.
Unos minutos antes, el Fondo dio una señala que había sido pedida por la gestión de Alberto Fernández. Publicó un reporte técnico en el que avala una quita a los privados, porque la deuda actual del 90% del PBI es "insostenible", y sugiere que el país no pague hasta 2024.
Es una señal para que Guzmán pueda negociar mejor con los privados. Pero no deja de ser un reconocimiento del organismo que conduce Kristalina Georgieva acerca de que también quiere cobrar su parte, por el crédito de 44.000 millones de dólares que el país adeuda.
En su presentación y sin dar detalles de la propuesta que les hará a los acreedores, Guzmán aclaró que el gobierno busca encarar una reestructuración profunda y lo más abarcativa posible, para que la Argentina no tenga la necesidad de volver a pasar por un estrés como el actual en poco tiempo. "Queremos que se haga de una vez y para siempre", dijo.
Según el Fondo, la Argentina necesita hasta 2030 un “alivio” en el servicio de la deuda en moneda extranjera que oscila entre 55.000 y 85.000 millones de dólares para poder expandir su economía y generar las condiciones de pago.
Tras la publicación de la nota por parte del personal del FMI y dirigida a los acreedores privados, Georgieva ratifico que la "prioridad" del organismo en estos tiempos difíciles sigue siendo apoyar la recuperación de Argentina con un enfoque en los más vulnerables.
El análisis del Fondo dice que el superávit primario requerido para reducir el actual nivel de deuda pública y las actuales necesidades de financiamiento bruto hacia niveles manejables y consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible para la Argentina. Menos ahora, con la crisis que desató la pandemia.
Por ello, el Fondo consideró que para poder restablecer la sostenibilidad de la deuda pública se requerirá de una reestructuración decisiva, "con una contribución apreciable por parte de los acreedores privados". Este mensaje a los bonistas tiene una traducción: acepten perder un poco sino lo quieren perder todo con un default.
El escenario era complejo hasta el coronavirus y ahora es dramático. La probabilidad implícita de default de la Argentina en los seguros que pagan los inversores ya alcanzó el 100%. Es decir, nadie en Wall Street que tenga en sus manos papeles de la deuda soberana prevé una reestructuración exitosa. Y la tasa de recuperación sobre lo invertido en el largo plazo está en el 40%.
Para el Fondo, en tanto, el riesgo principal de la Argentina a corto plazo se relaciona con un “impacto negativo más fuerte y prolongado” de lo previsto de la pandemia del coronavirus. Además, dijo el organismo, aún resta conocer el plan económico integral del Gobierno y también que las medidas anunciadas hasta aquí para reactivar la economía funcionen.
Si bien esto está por debajo de la capacidad de sostener la deuda de algunos mercados emergentes, Argentina tiene una base de exportación particularmente baja y estrecha, así como un sistema financiero interno poco profundo. Por ello, para el Fondo, el Gobierno deberá abocarse a dictar políticas para mejorar esos frentes.
