El presidente Alberto Fernández anunció este viernes su decisión de ampliar las sesiones extraordinarias para que se debatan los regímenes de jubilaciones de privilegio, después de la polémica que se generó por un tratamiento especial recibido en el Congreso en desmedro de los pasivos que tienen haberes inferiores.
"Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
El presidente dijo que para poder salir de la emergencia económica y social en la que se encuentra la Argentina, su gobierno va a "trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos".
Un verdadero escándalo se desató en la madrugada de este viernes cuando el Congreso decidió mantener la movilidad jubilatoria atada a la inflación a quienes perciben haberes de privilegio mientras el Gobierno pague sólo aumentos por decreto a los que menos cobran.
Durante 180 días, la administración de Alberto Fernández determinará cuánto deben subir las jubilaciones. Ayer en Casa Rosada le dijeron a Vía País que aún no están definidos esos incrementos que, según la ley, serán trimestrales.
Lo único confirmado por el Poder Ejecutivo es que el lunes 30 pagará 5.000 pesos a los jubilados de la mínima (de 14.068 pesos) y 2.000 pesos a los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo. Un universo total de 6,7 millones de personas.
Cafiero y Guzmán también resolvieron extender el plus a todos aquellos que perciben haberes de hasta 19.068 pesos. Habrá una curva para las escalas intermedias entre la mínima y ese tope, por la cual los jubilados y pensionados cobrarán el mismo haber durante diciembre y enero.
Para pagarlo, ayer se definió una ampliación del Presupuesto 2019 de 40.261,9 millones de pesos. Esa ampliación del gasto fue autorizada por el Jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, y el ministro Martín Guzmán, quien puso su primera firma a un aumento de gasto.
Así, lo jubilados que no tengan haberes de privilegio no seguirán con la fórmula que utiliza en un 70% la evolución trimestral de la inflación y en un 30% la variación de los salarios (Ripte). Esto, para la oposición, generará un recorte en la suba de los ingresos de la tercera edad.
Pero Fernández salió al cruce en la tarde de este viernes: "Durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores".
Escándalo político y social
Si bien la polémica se inició por ello, ayer terminó de explotar cuando se conoció que la Cámara de Diputados modificó el artículo sobre materia previsional que el Gobierno había enviado en la mega ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Básicamente, modificó el artículo 52 de la iniciativa para excluir a los ex funcionarios de alto rango del Estado nacional que sí verán sus ingresos por la fórmula ideada por la gestión de Mauricio Macri en 2017.
En la Argentina hay 4.938 personas que cobran jubilaciones de privilegio por haber ocupado alto rango en el Estado nacional. Perciben mes a mes haberes de unos 236.000 pesos en promedio, lo cual insume una erogación anual de 14.000 millones de pesos.
La decisión de Diputados fue ratificada anoche por el Senado, que sancionó la ley. Y el Gobierno, que avaló el cambio introducido por los legisladores del Frente de Todos en acuerdo con la oposición- la promulgará así.
En diálogo con La Voz y otros medios acreditados en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicó que la decisión se tomó para "evitar litigiosidad en regímenes especiales”.
Luego, en Casa Rosada le explicaron a este medio que si no se realizaba ese cambio, un ex funcionario podría haber planteado un amparo para que se dicte la inconstitucionalidad de la ley, lo que hacía peligrar todo el paquete.
Se trata de los jubilados de la ley N° 24.018 que perciben un haber promedio de 236.000 pesos y un haber máximo que alcanza los 610.000 pesos, según señalaron a este diario fuentes de la ANSeS.
Esa ley comprende a las asignaciones mensuales vitalicias para el "Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas".
Esa ley establece requisitos diferenciados según los cargos, pero fija “el 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio".
Finalmente, Fernández le informó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Darío Martínez, en una reunión en Casa Rosada que decidió extender las extraordinarias para poner fin de arranque a uno de los puntos que más tensión generó en el debate de la ley de Emergencia Económica: las jubilaciones de privilegio.
Así, el gobierno nacional tomó nota del malestar que generó la decisión de excluir del congelamiento de jubilaciones a jueces y ex funcionarios y decidió convocar de urgencia para el próximo lunes a la comisión especial que debe revisar esos regímenes.
Por Javier Álvarez, de la corresponsalía de Buenos Aires.
