Antes de que se debata en la Cámara de Diputados la Ley de Emergencia Social, el Gobierno de Alberto Fernández aceptó eliminar el artículo 81 del proyecto, en el que se establecía que todas las modalidades de los planes de las prepagas debían contribuir al Fondo Solidario de Redistribución del sistema.
Esa contribución, que es administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud, equivale al 15% del descuento sobre el aporte del trabajador que retienen las empresas y de la contribución de los empleadores.
Con esos fondos, la Superintendencia reintegra algunos gastos de medicamentos e intervención médica de altos costos de las obras sociales y redistribuye una parte entre las obras sociales que reciben aportes más bajos.
Pero las prepagas, a través del Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, pidieron que ese artículo fuera eliminado, ya que si se aprobaba, deberían encarecer las cuotas de los planes que pagan los afiliados. El Gobierno accedió, y desde las prepagas sostuvieron que están dispuestos a discutir el aporte dentro de un plan integral que reordene el sistema.
