La alianza Cambiemos avanza en la Cámara de Diputados con las negociaciones para definir el dictamen de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, una de las normas impulsadas por el Gobierno en la lucha contra la corrupción, con la intención de darle media sanción durante junio.
El proyecto, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, con la colaboración de expertos, se presentó en octubre del año pasado y el propio oficialismo está abierto a realizar modificaciones.
En declaraciones a DyN, el diputado macrista Daniel Lipovetzky confirmó que se trabaja para darle "un mayor carácter imperativo a la propuesta enviada por el Ejecutivo para su cumplimiento". Incluso trascendió que el predictamen comenzaría a circular entre los distintos bloques en los próximos días.
"Para nosotros es un proyecto que tiene dos falencias fundamentales: una es muy livianito y la otra pasa porque la responsabilidad de las personas jurídicas solamente opera cuando no han cumplido con una serie de exigencias que le pone la ley", apuntó, por su parte, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, también en diálogo con DyN.
Según pudo averiguar esta agencia, el bloque oficialista pretende modificar un articulado del proyecto que establece que las empresas serán las encargadas de aplicar un control y supervisión "adecuados". De esta manera, las compañías quedarían eximidas de cualquier responsabilidad cuando con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica haya aplicado un "programa de integridad" conveniente.
En este contexto, el diputado opositor señaló que la propuesta del Ejecutivo fija "una responsabilidad puramente formal, solamente con la presencia de esa estructura certificada por un estudio jurídico da por sentado que la empresa hizo todo lo posible para evitar el fraude".
