Como senadora nacional elegida en 2017, Cristina Kirchner goza de fueros parlamentarios hasta el final de su mandato, en 2023. De modo que no puede ir presa, a menos que el Senado le quite los fueros. Si resultara elegida vicepresidenta de la Nación, gozará de las mismas inmunidades pero para pederlas ya no bastará con el pronunciamiento del Senado sino de las dos cámaras, en un proceso de juicio político.
Todos los diputados y senadores de la Nación tienen fueros parlamentarios. Es decir que no pueden ser arrestados, a menos que un juez lo pida sobre alguno de ellos y, con el voto de los dos tercios de los presentes en el recinto, la cámara a la que pertenezca resuelva quitarle los fueros.
Eso pasó en 2017 con Julio de Vido: los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez pidieron que fuera desaforado por dos causas de corrupción. La Cámara votó afirmativamente sobre ambas solicitudes y el exministro fue suspendido en sus funciones y está arrestado.
En el caso de Cristina, Bonadio pidió el desafuero en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA pero la sesión en que iba a debatirse ese pedido no se realizó por falta de cuórum: en la Cámara Alta, según la doctrina Miguel Pichetto, un senador no debe ser despojado de sus fueros a menos que pese sobre él alguna condena firme. Cristina está procesada pero no condenada en ninguna causa judicial.
Siendo vicepresidenta la situación sería diferente: la ley de Fueros incluye a todos los funcionarios susceptibles de ser sometidos a juicio poĺitico. Es decir, presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa que para ir presa, además de haber un resolución judicial que así lo indique, Cristina debería ser echada del cargo.
Pero para que esto se produzca, como sería vicepresidenta, ya no se requieren los dos tercios de una cámara, sino los dos tercios de Diputados, cámara que inicia el trámite de juicio poĺitico, previo dictamen de la comisión respectiva, y los dos tercios del Senado, cámara que decide sobre las acusaciones.
De esta manera, siendo vicepresidenta sería aún más largo el camino institucional para habilitar el encarcelamiento de la líder de Unidad Ciudadana, que enfrenta numerosas causas de corrupción.
