A través del decreto 60/2019 que lleva la firma del vicegobernador Juan Carlos Arcando se dejaron sin efecto las limitaciones que imponía el decreto 787 del año 1996, donde se contemplaba la posibilidad de exención del pago de tarifas "únicamente cuando se trate de bienes o servicios afectados a entidades oficiales de bien público.
Cuando existieren casos de necesidad o asistencia comunitaria, fines sociales, altruistas o solidarios, y por último, en caso de catástrofe o infortunios", como también se establecía que las quitas sobre las tarifas tenían "un tope del 35% del total de los servicios prestados".
Esta medida busca atenuar en parte la grave crisis que atraviesa el sector industrial de la provincia, especialmente el rubro textil, debido a la gran caída de la demanda, y con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos Néstor Lagraña aclaró que la medida alcanzará a todo lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores y mercaderías dentro de la terminal portuaria que están destinadas al sector industrial.
"Hay casos de empresas textiles que por diversos motivos como ser la actual situación de crisis que vive el sector, no han podido retirar sus insumos y mercaderías del Puerto" lo que consecuentemente "les genera deudas". "Es por ello que desde la Dirección de Puertos quisimos colaborar ante este complejo panorama por el cual están atravesando, y sobre todo, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo".
Lagraña agregó también que para que las empresas puedan acceder a estas exenciones "se llevará adelante un proceso administrativo con el correspondiente expediente".
