La ley aprobada establecía "suspender la aplicación de la prohibición impuesta por el artículo 1° de la Ley provincial 101, exclusivamente con lo relacionado al guanaco por el término de 365 días a partir de la promulgación de la presente".
La iniciativa de liberar la caza del guanaco despertó profundo rechazo en múltiples sectores de la sociedad fueguina, entre ellos científicos y organizaciones ambientalistas, que calificaron negativamente a la medida.
El veto aplicado por la mandataria tuvo en cuenta la recomendación de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que a través de la Dirección de Fauna y Diversidad sugirió el rechazo total a la normativa, teniendo en cuenta que la población de guanacos de toda la provincia no supera los 50 mil ejemplares, y que "corresponde aplicar el principio de precaución" para evitar las consecuencias que la caza indiscriminada pude tener sobre la especie, que se encuentra protegida.
El informe elaborado por la menciona Dirección, recalca además que "la apertura de la caza sin contar con una estructura que garantice los debidos controles, implica un riesgo potencial para las personas que transiten por el medio rural" además de que "la comercialización de la carne de guanaco requiere de una fiscalización adecuada" que respalde "la calidad del producto tanto desde el punto sanitario como bromatológico".
