Angelina Carrasco y Marcela Gómez presentaron esta mañana ante la Justicia Federal de Ushuaia, un recurso de amparo que busca declarar inconstitucional la resolución 20/18 de la Secretaría de Energía de la Nación. Además, solicitaron una medida cautelar de no innovar para que se suspenda la aplicación del documento que autoriza el cargo extra en la tarifa de gas y que traslada a los usuarios la suba del dólar del último semestre.
En la demanda, las Parlamentarias sostienen que "hay una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta a partir de conculcarse derechos y garantías, y afectarse principios reconocidos por la Constitución. Tales como el derecho de propiedad, los derechos adquiridos, la razonabilidad, la seguridad jurídica, el derecho a la información veraz, el incumplimiento de la audiencia pública previa prevista en el artículo 42 de la Constitución nacional y la accesibilidad y continuidad de un servicio público".
En esa línea, señalaron que el Poder Ejecutivo nacional "pulveriza las más elementales reglas de la seguridad jurídica", ya que, "el pago en tiempo y forma de nuestras obligaciones no es garantía de nada, toda vez que el Estado se arroga la potestad de hacer renacer lo que ya estaba extinguido".
Asimismo, dicen que es incomprensible que se pretenda "dolarizar retroactivamente las tarifas mientras que los salarios permanecen congelados o apenas actualizados por pautas que oscilan entre el 20 y el 25%. La desproporción es abrumadora e inexplicable".
Por eso, le pidieron al juez federal Federico Calvete "que se impida la aplicación de un tarifazo retroactivo e indexatorio que supone un enriquecimiento indebido e incausado en favor de las empresas distribuidoras de gas y en perjuicio de los usuarios".
