En una entrevista exclusiva para el programa Tucumán con Todo, el Cacique y secretario general de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en la provincia, Alejo Azar, habló de la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos. En un diálogo sincero y reflexivo con el periodista Germán Valdez, el líder comunitario indígena compartió sus preocupaciones y demandas en relación a la situación actual de los pueblos originarios en Argentina.
En la oportunidad, Azar expresó su preocupación por la quita de derechos adquiridos durante décadas y la derogación de la ley 26160, que permitiría el desalojo indiscriminado de comunidades indígenas.
Consultado sobre la problemática actual y las demandas de las comunidades indígenas, el Cacique indicó: “La problemática nuestra, pero es de todas las comunidades, es la quita de derechos adquiridos durante varias décadas, después de tanta lucha, que se está gestando a partir del gobierno nacional y una línea provincial que se está alineando. Lo último, es la derogación de la ley 26160, que habilita al desalojo indiscriminado de muchas de las comunidades, no solo en la provincia, lo recalco aquí en el territorio, sino en todo el país.”
-Ustedes que piden concretamente?
-“Nosotros pedimos que siga vigente la ley que estaba anteriormente, hasta que se termine la verdadera emergencia, porque la ley venía a cubrir una emergencia que tenían las comunidades, referida al territorio. Lo que implicaba que no se desalojen y se culminen o se inicien en este caso el relevamiento de tierras a partir de una carpeta técnico territorial”, agregó.
Azar también informó que a este trámite “Muchas comunidades lo han concluido, pero otras tantas no las concluyeron, porque a partir del 2016, 2017, empezó a haber un desfinanciamiento del Estado para este programa, lo cual hizo que no se culmine esta carpeta. La ley 26160, viene a cubrir una parte de lo que solicitaba la comunidad, porque lo que nosotros solicitamos también ya desde el 2018, 2019, es una ley de propiedad comunitaria que termine con muchos de los inconvenientes territoriales que tenemos. Porque tenemos el relevamiento que nos da la legalidad de la posesión del territorio pero, justamente, se superpone a veces con terceros, con privados, y lo que tenemos que dirimir ante la justicia, después de quién tiene la la ocupación de la tierra, lo que genera un desgaste innecesario a las comunidades, además de generar un gasto”.